FORO DE SAN PABLO / ARGENTINA

PLAN DEL FORO DE SAO PAULO PARA DESTRUIR LAS FUERZAS ARMADAS EN AMERICA LATINA
CAPITULO ARGENTINA
Edición/Ampliación/Juan Carlos Silva /
OSINT 2013 /source unoamerica

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Índice
Introducción
1. ¿Qué es el Foro de São Paulo?
2. ¿Por qué el Foro de São Paulo quiere destruir las Fuerzas Armadas?
3. El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas en Argentina
4. El desgaste axiológico de las Fuerzas Armadas en Bolivia
5. El Foro de São Paulo afecta a Colombia
6. Perú: La Guerra Jurídica contra las Fuerzas Armadas
7. El Foro de São Paulo y el desmantelamiento de las FF.AA. en Uruguay
8. El Socialismo del Siglo XXI contra las Fuerzas Armadas en Venezuela
Conclusión
___________________________________________________________________________
Introducción
Las Fuerzas Armadas latinoamericanas son objeto de un ataque sin precedentes. La ofensiva se realiza en todas las naciones aunque con métodos diferentes para lograr un mismo fin:
la destrucción definitiva de las instituciones armadas.
En Bolivia, Ecuador y Venezuela, las transforman, cambiándoles la identidad, sustituyendo la doctrina tradicional por nuevos conceptos emanados del Socialismo del Siglo XXI. El caso más emblemático es el de Venezuela, donde obligan a los militares a gritar “Patria, Socialismo o Muerte”. El objetivo final es convertir a estas Fuerzas Armadas en guardias pretorianas al servicio de los regímenes socialistas.
En Argentina, Chile y Uruguay, enjuician a los militares que combatieron la subversión armada, derogando las leyes de amnistía y obediencia debida, y aplicando retroactiva e ilegalmente los efectos de dicha derogación. En la mayoría de los casos, se trata de juicios políticos, precedidos de una propaganda feroz, donde no se presentan pruebas, ni argumentos válidos.
Ciertamente, algunos militares cometieron excesos; pero el objetivo de estas acciones no es hacer justicia, sino cobrar venganza y acabar con las instituciones castrenses. Porque si buscasen justicia, también condenarían a los terroristas de izquierda, que cometieron delitos de lesa humanidad, al colocar bombas, realizar atentados y asesinar víctimas inocentes.

EN MEMORIA Y PARA AQUELLOS LECTORES MAS JOVENES QUE NO CONOCEN EL PASADO DE AMERICA LATINA.
QUIEN ES QUIEN EN REALIDAD

Atentado tupamaro deja varios muertos inocentes
JOSE MUJICA uno de los líderes operativos del MLN.

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MONTONEROS ARGENTINA

Rosario (1)

EL SALVADOR LA GUERRILLA ADOCTRINA NIÑOS

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BRASIL – DILMA ROUSEFF DESCENDIENTES DE BULGAROS TERRORISTA Y ASALTANTE

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DANIEL ORTEGA EX COMANDANTE DEL GRUPO GUERRILLERO FSLN Y CASTRO

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FSLN NICARAGUA SIEMPRE LA LUCHA ARMADA

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Invariablemente, se criminaliza sólo al sector castrense, mientras que los terroristas del pasado siguen indemnes y, en muchos casos, ostentando altos cargos.
En Colombia, donde el gobierno trabaja hombro a hombro con las Fuerzas Militares, las ONGs de izquierda, financiadas desde el exterior, hacen de las suyas, acusando injustamente a héroes militares, para minar la moral de la Institución. La teoría de los “falsos positivos”, inventada por la izquierda, está haciendo estragos en Colombia, al convertir a muchos terroristas y narcotraficantes, en supuestas “víctimas” del sector castrense.

El hecho de que la ofensiva exista de manera casi idéntica en naciones con gobiernos de diferente ideología, demuestra que se trata de una estrategia supranacional, orquestada desde fuera de nuestros propios países.
El compendio que publicamos a continuación, servirá para conocer mejor los detalles de esta estrategia y para diseñar mecanismos de defensa que la contrarresten.

Soplan vientos de cambio

Durante la década de los ochenta y noventa, casi todos los partidos tradicionales latinoamericanos perdieron su razón de ser, por no contar con un proyecto de nación y, sobre todo, por no haber solucionado el problema más grave de la región, el de la pobreza.
Como consecuencia, en al menos quince países fueron objeto de un voto castigo generalizado, que los desalojó del poder y lo entregó a manos de los partidos pertenecientes a Foro de São Paulo (FSP).

Sin embargo, luego de años gobernando, los integrantes del FSP tampoco han resuelto los problemas más acuciantes de nuestras naciones; por el contrario, en algunos casos los han agravado, porque en lugar de gobernar para los más pobres, como habían prometido se dedicaron a promover un proyecto absurdo y fracasado, basado en el Socialismo del Siglo XXI.

Por este motivo, los pueblos latinoamericanos también se desilusionaron de los gobernantes izquierdistas, y buscan la manera de apartarlos del poder.
En algunos casos, la transición será pacífica, siguiendo los caminos democráticos e institucionales, como ya ocurrió en Panamá, con el triunfo de Ricardo Martinelli; y como se ocurrió en otras naciones, como por ejemplo en Chile y Uruguay.

Sin embargo, en otros países entre ellos los pertenecientes al ALBA: Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela- el cambio será traumático, puesto que sus gobernantes no pretenden reconocer los verdaderos resultados electorales, ni están dispuestos a abandonar el poder por ningún motivo. De hecho, ya Chávez y Ortega han cometido fraudes electorales, y sin duda seguirán cometiéndolos en el futuro.
En estas naciones, se presentarán crisis político-militares, muy parecidas a la que experimentó Honduras, cuando Zelaya también miembro del ALBA quiso unilateralmente modificar la Constitución para perpetuarse en el poder. Obligados a defender la vigencia de la Carta Magna, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, tuvieron que destituir legalmente al mandatario y ordenar a los militares hacer cumplir la decisión.

Durante los próximos años -sin proponérselo- las Fuerzas Armadas de al menos cinco países se verán arrastradas hacia conflictos no deseados. Se verán forzadas a tomar una decisión moral, como ocurrió con los militares hondureños. ¿A quién obedecerán? ¿Al presidente de turno? ¿O al mandato constitucional de defender la democracia y las libertades?

Dado que el sector castrense está obligado a prevenir posibles conflictos y a prepararse adecuadamente para enfrentarlos con éxito, sería contrario a su propia naturaleza no considerar realidades evidentes y palpables, como las que se avecinan en el horizonte.

Es por eso que se ha decidido publicar un compendio que ofrezca a los integrantes de las Fuerzas Armadas latinoamericanas un panorama general de la situación castrense; y así contar con suficientes elementos de juicio que les permita defender su institución y cumplir con la delicada misión que su patria les ha encomendado.

¿Qué es el Foro de São Paulo?

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El 3 de julio de 2009 se cumplieron diecinueve años de la fundación de una organización política denominada el Foro de São Paulo (FSP), que agrupa a casi todas las izquierdas de Iberoamérica, incluyendo a los movimientos guerrilleros armados. Se llamó así porque su primera reunión se llevó a cabo en esa ciudad brasileña.

El FSP fue convocado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y el Partido Comunista de Cuba, con el fin de redefinir los objetivos y las actividades de la izquierda, luego de la caída del muro de Berlín y el derrumbe del comunismo en la ex Unión Soviética.

A la convocatoria acudieron originalmente sesenta y ocho fuerzas políticas pertenecientes a veintidós países latinoamericanos y caribeños. Pero desde su primera reunión el FSP ha crecido notablemente.
En el VI Encuentro, realizado en 1996 en la ciudad de San Salvador, estuvieron presentes ciento ochenta y siete delegados pertenecientes a cincuenta y dos organizaciones miembros; ciento cuarenta y cuatro organizaciones invitadas representadas por doscientos ochenta y nueve participantes; y cuarenta y cuatro observadores integrantes de treinta y cinco organizaciones de América, África, Asia y Europa.

El Foro de São Paulo no posee una sede conocida, pero desde su creación ha sostenido quince encuentros en ciudades distintas, aproximadamente uno cada año: São Paulo (1990), Ciudad de México (1991), Managua (1992), La Habana (1993), Montevideo (1995), San Salvador (1996), Porto Alegre (1997), Ciudad de México (1998), Managua (2000), La Habana (2001), Antigua-Guatemala (2002), São Paulo (2005), San Salvador (2007), Montevideo (2008) y Ciudad de México (2009).

Entre las organizaciones miembros se encuentran: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Polo Democrático Al- ternativo de Colombia, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, el Frente Amplio de Uruguay, el Partido Socialista de Chile, la Izquierda Unida del Perú, el Movimiento Bolivia Libre y el Movimiento al Socialismo de Bolivia, el Partido Socialista Ecuatoriano, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el Partido Revolucionario Democrático de Panamá, el Movimiento Lavalas de Haití, y todos los partidos comunistas de la región, incluyendo -por supuesto- el de Cuba.

Los presidentes iberoamericanos que forman parte del Foro de São Paulo son: Lula da Silva, Raúl Castro, Hugo Chávez, Tabaré Vásquez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Mauricio Funes, Leonel Fernández y René Preval. Cristina Kirchner, Michelle Bachelet y Fernando Lugo, no pertenecen formalmente al FSP, pero sí algunos de los partidos que las respaldan.

El FSP alega que “no es ni pretende ser una nueva internacional, ni una estructura orgánica que impone condicionamientos a quienes participan, ni un transmisor de unanimidades”.

Pero si bien es cierto que no existe unanimidad total dentro de sus miembros como tampoco la hay en ninguna otra organización política, de hecho funciona como una internacional y tiene una estructura orgánica bien orquestada. Posee un modo permanente de comunicación, un sistema de coordinación y centralización de sus actividades, una revista propia denominada América Libre y, lo que es más importante, un objetivo común claramente definido: la toma del poder en Iberoamérica.

Los integrantes del Foro de São Paulo no presentan propuestas concretas para resolver los problemas de la región; y en la práctica no los han solucionado cuando han llegado al poder. Su único discurso consiste en criticar el orden existente: la globalización, el neoliberalismo, el libre comercio, el imperialismo y los partidos políticos tradicionales.
Armados de estadísticas, los miembros del FSP hablan constantemente del fracaso del capitalismo moderno:

Mientras en 1960 el 20 por ciento más rico de la población mundial disponía de un ingreso 30 veces mayor que el del 20 por ciento más pobre, hoy esa relación es de ¡82 a uno! Existen actualmente 358 personas, las más ricas del mundo, cuyo ingreso anual es superior al ingreso del 45 por ciento de los habitantes más pobres, o sea, 2.600 millones de personas… 30 millones de personas mueren por hambre cada año y más de 800 millones están subalimentadas. Argumentan que tales contradicciones no podrán sostenerse y que, más pronto que tarde, el modelo neoliberal se derrumbará, dando así una oportunidad para el resurgimiento del comunismo o de alguna de sus variantes.

La ola de triunfalismo neoliberal, que, al son de trompetas y estimulada por la caída del muro de Berlín, pretendió pasar por encima de todo, debe vencer ahora resisten- cias cada vez más fuertes. Hay un amplio y creciente rechazo social a una globalización concebida como pillaje planetario… Este orden mundial que está destruyendo el planeta nos pone de cara a nuevos estallidos sociales.

En efecto, los integrantes del FSP aprovechan los estallidos sociales para crecer y fortalecerse, aplicando nuevas y variadas formas de lucha.
El FSP opina que la izquierda debe coordinar y centralizar las reacciones contra el neoliberalismo, provengan o no de sus propias filas, y captar las organizaciones populares que surjan como respuesta a las injusticias provenientes del modelo capitalista moderno: desde grupos pequeños que se forman para resolver un problema concreto, como la construcción de una escuela, hasta los movimientos más amplios que luchan por los derechos de la mujer, la preservación del medio ambiente, la defensa de los derechos de los indígenas, etcétera.

EMBOSCADA A POLICIA EN CURUGUATY POR “CAMPESINOS”

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COMO PARTE DE SU ESTRATEGIA EL FORO DE SAN PABLO SI NO PROPICIA,APROVECHA REVUELTAS SOCIALES.

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Claro está, muchas de estas “organizaciones populares” no son tales, sino simples oportunistas buscando el beneficio propio, esgrimiendo como justificación su pretendida lucha contra las “injusticias provenientes del capitalismo”.

Este reagrupamiento de carácter flexible les ha permitido crecer rápidamente. Según sus dirigentes, en su seno existen: Fuerzas de izquierda de los más diversos orígenes, algunas con ocho décadas de historia y otras creadas recientemente; marxistas y no marxistas; de inspiración social cristiana -algunas de las cuales identificadas con la Teología de la Liberación-, grupos nacionalistas o de raíz anarquista; sectores desprendidos de viejos partidos históricos, liberales, socialdemócratas o demócrata cristianos; organizaciones con dilatadas trayectorias dentro del sistema político legal de sus respectivos países, otras obligadas a extensos recorridos por los caminos de la clandestinidad, entre ellas varias que en determinados períodos han transitado por la vía armada.

Después de diecinueve años de existencia, hay suficientes elementos para juzgar las actuaciones del FSP. Ya no puede alegar que se trata de un foro de discusión y de disquisi- ciones teóricas, puesto que muchos de sus miembros ejercen funciones importantes de gobierno. Desde su fundación, el Foro de São Paulo ha estado signado por una serie de con- tradicciones, las cuales se han profundizado con el tiempo.

El Foro de São Paulo hace de la democracia un baluarte, pero a la vez defiende la revolución comunista cubana, rechazada en el mundo entero por ser una dictadura implacable, que ha asesinado y encarcelado a decenas de miles de opositores, y cercenado sin ninguna contemplación la libertad y la libre ex- presión de sus ciudadanos.

El FSP se opone verbalmente al terrorismo y la violencia, pero dentro de sus filas existen grupos guerrilleros, como las FARC y el ELN, que practican diariamente el terrorismo y la violencia. Igualmente condenan el narcotráfico, pero existen pruebas irrefutables de la vinculación de algunas de sus organizaciones con la producción y comercialización de narcóticos, siendo los más conspicuos los movimientos guerrilleros colombianos.

No todos los del FSP se identifican con la lucha armada y con los procedimientos ilegales que utilizan los grupos más radicales del Foro. Sin embargo, en lugar de desvincularse de ellos y denunciarlos públicamente, se sientan en la misma mesa y comparten una misma estrategia de acción, lo cual demuestra la carencia de principios sólidos y el pragmatismo que los mueve, idéntico al de los grupos políticos tradicionales que dicen combatir.

El Foro rechaza la corrupción, pero cuando sus miembros llegan al poder, no la combaten, sino que la acrecientan, como ocurre en Venezuela, donde se evidencia el enrique- cimiento personal de los funcionarios públicos y el financiamiento ilegal para sus planes de expansión continental. Muchos dirigentes del Foro de São Paulo se presentan como antiimperialistas, pero luego subordinan el interés de su patria a los del castro-comunismo.

La principal bandera que enarbola el Foro de São Paulo es la lucha contra el neoliberalismo, alegando que con ese modelo “las elites pueden acumular más riquezas a expensas del crecimiento de la pobreza” , y asegura que esa organización es la alternativa popular y democrática al neoliberalismo; pero después de 50 años de gobierno, el régimen cubano ha creado su propia elite, rodeada de privilegios, mientras que el resto de los cubanos vive en la más absoluta miseria.

Tantas contradicciones demuestran que el principal objetivo de los miembros del Foro de São Paulo es mantenerse en el poder, no para resolver los problemas de los marginados, cuya representación exclusiva se atribuyen, sino para usufructuarlo ellos. Irónicamente, los más perjudicados son los pobres que, aparte de sufrir un nuevo desengaño, continúan experi- mentando las penurias del subdesarrollo, pero en grado aún mayor, porque además pierden la libertad.

¿Por qué el Foro de São Paulo quiere destruir las Fuerzas Armadas?

La sección “Eventos” de la revista del Foro de São Paulo, América Libre, contiene una transcripción de intervenciones realizadas en mesas de trabajo, donde se discutió el rol de las Fuerzas Armadas. Allí queda claramente plasmada la perversa concepción que tienen los integrantes del FSP sobre las FF.AA. latinoamericanas:

La mayoría de los ejércitos latinoamericanos han sido diseñados, no como guardianes de la democracia, ni de la soberanía nacional; todo lo contrario, han sido diseñados por el capital internacional, precisamente para ahogar la verdadera democracia y para ser policías del capital internacional.

Los integrantes del Foro de São Paulo consideran que las Fuerzas Armadas son un instrumento de dominación de los bloques dominantes:
El accionar de las FF.AA. no es nunca un accionar autónomo, históricamente actúan en consonancia con los bloques dominantes o hegemónicos. En todos los golpes de Estado, las FF.AA. han sido los emergentes de relaciones de poder que no podían llegar a establecerse de acuerdo a la legalidad burguesa. Las oligarquías, cuando pierden su heg monía, actúan por el lado del golpe militar, basándose en la doctrina de la seguridad nacional.

Según esta distorsionada opinión, se requiere de una nueva concepción -un nuevo modelo- para las Fuerzas Armadas, a fin de amoldarlas a los objetivos del socialismo. El documento es explícito, en cuanto a la necesidad de controlar las instituciones armadas para asegurar el poder de la izquierda en la región:

El tema militar tiene que estar en la estrategia de los revolucionarios para romper la dominación; porque, con las diferencias que puedan haber en cada país, éste es uno de los factores de poder fundamentales con el cual tiene que lidiar un proceso revolucionario; ya que precisamente, en una revolución, su principal problema es el del poder, de alcanzar el poder; y éste es uno de los baluartes del poder.

De estas definiciones se desprende que las Fuerzas Armadas latinoamericanas -tal como están concebidas en la actualidad deben ser destruidas, o transformadas en otro tipo de instituciones, para que funjan como brazo armado de la revolución, con el único objetivo de asegurar la permanencia en el poder de los abanderados del socialismo.
Pero aparte de esta motivación, hay otra, aún más preocupante y peligrosa. Además de ser una corriente política, el Foro de São Paulo es una mafia criminal, que sirve de vaso comunicante para los llamados “imperios transversales”, como lo son el nar-cotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas. ( FARC )

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Se les denomina imperios, por el enorme poder que ostentan y por las multimillonarias cantidades de dinero que manejan; y se les llama transversales, porque no pertenecen es-pecíficamente a un territorio, sino que se comunican, desplazan y movilizan a lo largo y ancho del globo, prácticamente sin ninguna limitación.

Aun así, los imperios transversales necesitan de espacios determinados en los cuales materializar dichos negocios, y los integrantes del Foro de Sao Paulo se los proporcionan, generándose así una simbiosis del mal, en la que todos los participantes obtienen un importante rédito. ( He aquí porque Lugo defendía a la naciente narco guerrilla ).

NEXOS DE LA NARCO GUERRILLA

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Todos los integrantes del Foro de São Paulo , apelando a la máxima: el fin justifica los medios- son, en el mejor de los casos, permisivos con los imperios transversales del crimen; y en el peor de los casos, se transforman en uno de ellos. El ejemplo más evidente lo constituyen las FARC, que dejaron de ser una simple guerrilla con fines políticos, para convertirse en el más poderoso cartel de la cocaína.

La información contenida en los computadores y dispositivos electrónicos incautados a alias Raúl Reyes, durante la Operación Fénix, demuestra la relación que existe entre las FARC y los dirigentes políticos de toda América Latina que pertenecen al FSP.
La revista América Libre no esconde su rechazo a que los militares luchen contra el narcotráfico y el terrorismo; por el contrario, opina que el combate contra el narcoterrorismo es una mera excusa para golpear la revolución: El imperialismo, una vez que ya no tenía a mano la justificación de la doctrina de la seguridad nacional, ni el anticomunismo, ha inventado nuevas funciones para las FF.AA. para golpear a la fuerza revolucionaria: el narcotráfico y ahora el terrorismo. Son vehículos que han sustituido al anticomunismo.

Estas dos motivaciones , transformar a los militares en brazo armado del socialismo, y neutralizar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, son de carácter supranacional. Eso explica que las Fuerzas Armadas estén siendo atacadas de manera casi idéntica en toda la región, pese a las diferencias ideológicas que existen entre los distintos gobiernos latinoamericanos.

Como se explica más adelante, el Foro de São Paulo no es la única organización que pretende desmantelar las Fuerzas Armadas, hay otras (enquistadas no sólo en América Latina, sino en Estados Unidos y Europa) que también quieren hacerlo; sin embargo, hemos colocado el énfasis en el FSP porque, en este momento, constituye la amenaza más inmediata a la integridad de las FF.AA.

En los seis capítulos que siguen a continuación, presentados en orden alfabético -Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela, el lector podrá conocer los métodos que se utilizan en cada país para desmantelar a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, también podrá detectar claras semejanzas, que revelan un objetivo común y un hilo conductor.

Cada capítulo fue escrito por un equipo diferente, perteneciente a cada uno de los países referidos. La mayoría está conformado por militares retirados; pero en algunos casos también participaron civiles conocedores del tema militar. De allí los diferentes estilos de presentación y redacción. Esta obra está concebida como un primer aporte, sujeto a ser mejorado y ampliado, para incluir los capítulos correspondientes a Brasil, Chile, Ecuador y otras naciones. Esperamos sinceramente que analistas de otros países decidan incorporarse al esfuerzo de develar el complot que existe para aniquilar a las Fuerzas Armadas de América Latina.

ARGENTINA:

El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas en Argentina Colaboración del Centro de Estudios Históricos Verdad y Equidad para ser Nación .

Introducción
Referencia histórica sobre la “guerra revolucionaria” en nuestro país En 1959 durante la presidencia constitucional del Dr. Arturo Frondizi se detectó y neutralizó un grupo que intentaba iniciar una guerrilla rural en Tucumán bajo el nombre de “Uturuncos”. En 1963, con otro presidente constitucional, el Dr. Arturo Illía, recaló en el país el “Ejército Guerrillero del Pueblo” encabezado por el “Comandante Segundo” -Jorge O. Massetti- mediante una invasión desde territorio boliviano a la provincia de Salta.

El grupo, enviado por el Che Guevara, estaba compuesto por 50 argentinos y extranjeros, entre los que resaltaban miembros del ejército cubano. La actividad preparatoria en la zona de Orán comenzó en junio de ese año y para marzo del año siguiente -1964- ya había sido desbaratada por la Gendarmería Nacional: muertos, desaparecidos, presos o evadidos, marcaron el fracaso de este primer intento cubano de 20 21 intervención militar en nuestro país. En la Tricontinental de la Habana (1966) y en la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS 1967) fue cuando Cuba multiplicó la formación político-ideológica y militar de sudamericanos, bajo la consigna de “hacer la revolución mediante la lucha armada”, para lo cual instó a todos los países del subcontinente a organizar Ejércitos de Liberación Nacional para acompañar al Che en su intento insurreccional en Bolivia, donde halló su muerte.

Después de la muerte de Guevara la violencia se expandió: movimientos insurreccionales en las principales ciudades de nuestro país, magnicidios e incremento sustancial de aparentes delitos comunes (asaltos, robos, secuestros) que brindaron los fondos para dotar a las tres organizaciones político-militares que nacieron en 1970:

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Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)

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Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

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Las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), cuyo nombre intentaba ocultar la ideología marxista de gran parte de sus integrantes, las precedían desde 1964 y estaban en el ápice de su desarrollo. Desde entonces y sin importar el tipo de gobierno (jure o facto) en ningún momento detuvieron las acciones subversivas y mantuvieron inalterable su objetivo de tomar el poder para instaurar un sistema socialista, previa destrucción de las instituciones vigentes.

El conjunto de acciones subversivas durante el decenio 1969-1979 determinó un promedio de seis hechos diarios de esas características, pero el índice se eleva a 10 hechos diarios si se considera el trienio 1973-74 y 75. Debe aclararse que este significativo aumento fue una consecuencia directa e inmediata del decreto del presidente Cámpora, del 25 de Mayo de 1973 y la consecuente ley de amnistía a los dos días posteriores, por la que irresponsablemente se liberaron alrededor de 2000 subversivos condenados y procesados sin exigirles renuncia previa a la acción armada y entrega de su armamento.

Hasta esa fecha en la Argentina se había luchado contra la subversión terrorista con la ley en la mano, gracias al trabajo de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, una institución pionera en el mundo para contrarrestar judicialmente al terrorismo, que fue ideada por el Ministro de Justicia del general Lanusse, Jaime Perriaux, en 1971. En 1975, dado el caótico estado imperante en el país, la Presidente Constitucional ordenó a las FF.AA. hacerse cargo e iniciar operaciones tendientes a aniquilar la subversión.

A partir de esa decisión las organizaciones terroristas fueron objeto de un asedio incesante, tanto en el ámbito rural como en el medio urbano y comenzaron a sufrir crecientes bajas que los indujeron a introducir cambios en la estrategia mantenida hasta ese momento. Un año antes había nacido la estructura dependiente del ERP “Solidaridad Internacional” (o “Cuarto Pilar”) mediante el establecimiento de contactos con organizaciones similares de Europa y Asia, y el inicio de las denuncias por violaciones a los derechos humanos ante organismos internacionales encargados de la defensa de los mismos, a través de decenas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de siglas variadas que se fueron constituyendo, básicamente con exiliados argentinos.

El éxito obtenido por la sociedad argentina contra la subversión terrorista comenzó a ser desacreditado por esa campaña contra el gobierno de facto que regía al país, comparándolo con los regímenes nazi o fascista donde se habían comprobado genocidios (los de la URSS no se mencionaban). La propaganda repicaba las muletillas consabidas: “jóvenes idealistas que eran eliminados por disentir” con militares totalitarios que habían asaltado el poder constitucional “para imponer un sistema económico contrario a los intereses populares”.

Pese a lo burdo de la propuesta y a la flagrante omisión de los objetivos y crímenes cometidos por las organizaciones terroristas, la Argentina comenzó a ser objeto de una presión internacional tendiente a frenar su acción contra aquéllas. En 1982 la Argentina fue derrotada por Gran Bretaña (con ayuda de la OTAN ) en la guerra iniciada por la recuperación de sus islas Malvinas. Pese al apoyo casi unánime de los países del subcontinente (exceptuados Chile y Colombia), el aislamiento a nivel internacional fue muy profundo e influyó de manera terminante en la finalización del gobierno del Proceso Militar.

En este cuadro de situación tan desfavorable, las FFAA argentinas entregaron el gobierno al presidente electo, Dr. Raúl R. Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, y comenzaron a sufrir los embates de otro tipo de guerra, más sutil pero no por ello menos destructiva: La Guerra Cultural. La guerra cultural toma vuelo en Argentina Es oportuno recrear este concepto como: el enfrentamiento en el ámbito de una nación para imponer una concepción contraria a los principios trascendentes que sostiene, mediante una alteración del “sentido común” (entendido este último como el común sentir de la gente ante determinados hechos que históricamente deben prevalecer en los integrantes de una sociedad). Según la concepción de Gramsci y en abierta oposición a la teoría leninista que requiere de la conquista plena del Estado para imponer al marxismo, es imprescindible ganar al pueblo destruyendo sus valores y tradiciones, sustituyendo su cultura por una nueva forma de pensar, actuar y ver la vida.

De allí la importancia que Gramsci asignaba a los intelectuales frente al conjunto de la sociedad para alcanzar la toma del poder político, y la gravitación que en tal sentido poseen los medios de comunicación en la sociedad moderna, como multiplicadores de las ideas propugnadas por aquéllos, para imponer ese “sentido común” -horizontal y homogéneo que permita asimilar a la sociedad política. Es fundamental comprender el concepto de materialismo que sustenta Gramsci como un rechazo visceral por la cosmovisión religiosa de la existencia, de la trascendencia, del más allá. Por eso su intención de desacralizar y su odio manifiesto a las religiones, la católica en particular. Con esta suerte de “estrategia indirecta” Gramsci logró imponer, a través de sus conceptos, un euro-comunismo en 24 25 aquellos países latinos en los cuales los escritos de Marx o la praxis de Lenin habían resultado ineficaces.

De lo sintéticamente expuesto surgen en forma natural los objetivos perseguidos por la guerra cultural: • Desacralizar, desprestigiar y ridiculizar a las religiones. • Modificar a la familia tradicional mediante creciente injerencia estatal. • Infiltrar y corromper el sistema educativo. • Desprestigiar y minimizar el rol de las FF.AA. • Imponer modelos y valores afines a su concepción mediante el control de los medios de comunicación social y expresiones culturales y artísticas. Nótese como a partir de 1983 -en ese escenario que calificamos como desfavorable para las FF.AA. Argentinas- se fue avanzando sin pausa en la consecución de los 5 objetivos precedentes, con la finalidad de constituir en el orden nacional un cuadro de situación netamente propicio para la instalación de un sistema de clara concepción marxista. La “Guerra social”, el eslabón que faltaba Como repetición agravada de turbulencias sociales ya vividas en 1989,1994 y 1995, en diciembre del 2001 una serie de manifestaciones populares -violentas y masivas- se sucedieron en toda la República Argentina, con particular virulencia en la Capital Federal y el cono urbano de la provincia de Buenos Aires.

En apariencia se trataba de “movimientos sociales espontáneos y apolíticos”, integrados por decenas de miles de personas cuya motivación principal consistía en llamar la atención por la grave situación que afectaba económicamente a un sector mayoritario de la población. La crisis explotó inicialmente por el congelamiento de los depósitos bancarios de particulares (“corralito”), dio por tierra con la presidencia de Fernando de la Rúa e inició un período de inestabilidad política y anarquía que dejó profundas secuelas. Los métodos usados por los manifestantes fueron los saqueos a comercios -en particular supermercados- destrozos e incendios indiscriminados, ocupación de establecimientos, cortes de calles y rutas de acceso a las principales ciudades por parte de grupos de activistas, que desde entonces fueron caracterizados como “piqueteros”.

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Es oportuno recordar que algo más de un año atrás, en julio del 2000, se realizó el “Encuentro Antiimperialista: Congreso Internacional de Movimientos Sociales” en la Universidad de Manta (Ecuador). Allí se expresó públicamente por primera vez que la estrategia para el continente en la actual coyuntura latinoamericana era la “Guerra Social”, versión actualizada de la clásica guerra insurreccional de masas. Sin perjuicio de lo anterior se preveía dar apoyo a la guerrilla colombiana y otros grupos similares. Para materializar el concepto previo se decidió trabajar promoviendo protestas sociales, sectoriales y sindicales.

En la primera etapa fueron elegidos Ecuador, Colombia y Perú; una segunda instancia incluía a Brasil, México y la Argentina. Puede considerarse que las siguientes instituciones, organizaciones o grupos de nuestro país están enrolados en alguna medida en el desarrollo de la Guerra Social, ya sea por su pertenencia al Foro de San Pablo, como a la activa participación en acciones violentas del tipo expuesto. La mayoría de ellas emplea la técnica de “ganar la calle” para ocupar espacios de poder a la espera del momento oportuno para propinar el “puñetazo al paralítico”: ONGs vinculadas con residuos de la guerrilla de los 70: “Madres de Plaza Mayo”, “Abuelas”, “Hijos”; partidos políticos de izquierda; movimientos feministas; sindicatos combativos; comunidades de gay y lesbianas; sectores sociales deprimidos: desocupados y jubilados; grupos promotores de “Democracia Directa”: Asambleas barriales, “Barrios en Lucha”; grupos carenciados: “Sin Tierra”, “Sin Techo; organizaciones “ecologistas”; asociaciones indigenistas; organizaciones estudiantiles; organizaciones de autogestión; comités de fábricas ocupadas; grupos marginales violentos: “Barras bravas”.

A las entidades pre citadas deben incorporarse todos aquellos elementos que componen específicamente el Movimiento Piquetero Nacional, entre los que pueden computarse más de quince Movimientos, Agrupaciones, Frentes y Federaciones liderados principalmente por partidos o entidades de izquierda extrema, muchos de ellos dirigidos por funcionarios vinculados con la gestión gubernamental.

Vale destacar que al asumir la presidencia Néstor Kirchner en el 2003, el problema piquetero entró en progresión geométrica, en gran parte por la anticonstitucional consigna impuesta por la autoridad de “no judicializar las protestas sociales”, como así también por la incorporación rentada por el gobierno de ciertos grupos que ha utilizado como fuerzas de choque o intimidación contra sectores disidentes u opositores. 2. Aplicación de las ideas de Gramsci y Marcuse antes de la creación del FSP En 1983, el gobierno militar de facto (1976-1983), como se dijo, llamó a elecciones generales de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional.

Como consecuencia de las mismas resultó electo presidente el doctor Raúl Ricardo Alfonsín cuyo partido había expresado que el objetivo respecto al sector militar era: “disminuir de una vez y para siempre el papel político de las FF.AA. en el país”. Esta declaración de contenido lógico y aceptado por los integrantes de las mismas fuerzas por las experiencias históricas vividas, tenía un acento político que iba a ir mucho más allá de su significado literal y que terminarían afectando notablemente la Defensa Nacional. Como iremos viendo en el desarrollo de este documento, a pesar que en esta época no existía aún una estructura supranacional (Foro de San Pablo), en los círculos de izquierda radicalizada y en especial en las universidades circulaban las ideas de Gramsci y Marcusse como parámetros aptos para lograr los objetivos de toma del poder dentro de nuestro país.

Los “Derechos Humanos” usados como estrategia política para debilitar las FF.AA. A los tres días de asumir Alfonsín dictó dos decretos para enjuiciar: por un lado, a los miembros de las tres primeras juntas militares; y por el otro, a un pequeño número de dirigentes subversivos terroristas, dentro del cual llamaba la atención que sólo uno de ellos pertenecía al PRT-ERP y todo el resto aMontoneros. Por estos decretos -que daban por iniciado el conflicto armado a partir del 24 de marzo de 1976-, cuando era público y notorio que el conflicto había comenzado más de una década antes, va a surgir la denominación de “teoría de los dos demonios” (ver Google “Nuestra_historia_70” Boletín 105) como desfiguración del conflicto armado acaecido en nuestro país, (terroristas contra militares) la que tenía un falso doble mensaje a la opinión pública: • “Los políticos no somos responsables” (ni de la guerra ni de los muertos) • “El gobierno es ecuánime al juzgar a ambos actores del conflicto armado interno”.

ALFONSIN MIRANDO DE CERCA LAS ACCIONES DEL ERP

ALFONSIN MIRANDO DE CERCA LAS ACCIONES DEL ERP

Para ratificar la hipocresía del gobierno de Alfonsín, es interesante transcribir algunos párrafos del libro “Memorias de Gorriarán Merlo”, un terrorista asesino confeso. Alfonsín en sus decretos no reconoció que en Argentina hubo una guerra no convencional (“guerra revolucionaria”), contradiciendo el espíritu de lo que expresara como defensor de terroristas en 1972. Tampoco reconoció que las acciones terroristas en su enfrentamiento con las instituciones del Estado habían comenzado antes el 24 de marzo de 1976 (inicio del gobierno militar de facto), ya que a esa fecha y durante los gobiernos constitucionales desde 1973 ya se habían producido más de 900 desaparecidos y otra cifra similar de muertos entre las partes enfrentadas (los terroristas y la sociedad con sus instituciones republicanas).

A las 48 horas de dictar los decretos expresados dictó el decreto 187/83 creando una “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas-CONADEP” (destinada a determinar e identificar -mediante el procesamiento de denuncias- a todas las personas desaparecidas), comisión especial anticonstitucional de hecho, por estar explícitamente prohibida por el Art. 18 y por invadir la competencia del Poder Judicial. Los miembros componentes de la misma, en general, no garantizaban ecuanimidad ni seriedad en su trabajo ya que varios eran ideológicamente de izquierda, enfrentados a las FF.AA., y dos eran padres de desaparecidos. La persona de más prestigio ante la comunidad, el doctor René Favaloro, a poco de andar, renunció porque observó “falta de ética y de objetividad” en las tareas encaradas (Ver Google ó Yahoo “Nuestra_historia_70” Boletín Nro. 100). La CONADEP tenía el apoyo de todos los militantes de las organizaciones subversivas, de los familiares de muertos y desaparecidos, de los partidos políticos de izquierda radicalizada, del Partido Comunista y de las ONGs de DD.HH. que sólo defendían a los terroristas, atacando a las FF.AA., de Se- 30 31 guridad y Policiales, actuantes en la guerra contra el terrorismo subversivo.

Posteriormente las denuncias presentadas sirvieron también para un “gran negocio” para abogados y familiares de terroristas subversivos muertos y desaparecidos. Unos días después, el gobierno, con la intención de continuar su prevista “estrategia Gramsciana”, contra las FF.AA., promulgó la Ley 23.040, que anuló la Ley de Amnistía General Nro. 22.924, llamada “de Pacificación Nacional”, sancionada el 23 de septiembre de 1982 por el Gobierno Militar, que era la acción recomendada por el Derecho Humanitario. 3 De resultas del trabajo de la comisión, produjo un “Informe” titulado “Nunca Más”, elevado al presidente Alfonsín en septiembre de 1984.

De acuerdo a sus “conclusiones”, se confeccionaron 7.380 legajos de personas supuestamente desaparecidas (de los cuales sólo 4.905 tenían datos completos identificatorios, incluyendo el número de documento). Increíblemente en esa parte final se expresa que se estimaba que los desaparecidos eran 8.960 (?), sin fundamentar donde estaban los eventuales 1.580 legajos faltantes o las razones de esa estimación.

Como veremos, hasta el día de hoy -arbitrariamente y como un recurso de acción psicológica tendiente a configurar la figura de “genocidio”- se difunde por todos los medios y organizaciones que los desaparecidos fueron ¡¡30.000 !! . Debemos dejar constancia que posteriormente “varios desaparecidos”, consignados como tales en el Informe de la CONADEP, declararon en el posterior juicio a los comandantes, otros fueron encontrados en el extranjero e incluso aparecieron años después en distintos e importantes cargos oficiales de gobiernos posteriores (actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actual juez federal, actual Procurador General de la Nación, etc.).

El juicio a las Juntas Militares fue el inicio de la campaña de desprestigio, no sólo de los comandantes de las fuerzas, sino de todas las FF.AA. por los procedimientos utilizados en la lucha contra el terrorismo, mostrándolas como victimarias de jóvenes “idealistas” que actuaban políticamente. Al respecto, el máximo dirigente montoneroMario E. Firmenich desmintió esto último en una entrevista publicada el 17 de marzo de 1991 cuando expresó al periodista Jesús Quinteros: “Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría eran militantes y la inmensa mayoría eran montoneros.

A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte. Hombres capaces de elegir su vida y de dejar posibilidades laborales, intelectuales, lo han hecho con conciencia, con pasión, con sacrificio, con patriotismo, con amor al prójimo y todo eso se transformó en una estupidez. No hay derecho.” Con Alfonsín también se inició la llamada “desmalvinización”; es decir, las acciones de crítica a la guerra contra Gran Bretaña, apoyadas por una campaña de desprestigio a los oficiales y suboficiales, y ensalzamiento a los jóvenes soldados.

Además hubo en general una falta de protección del gobierno a los veteranos ex combatientes, muchos de los cuales poseían secuelas típicas de todo conflicto armado, que originaron un número importante de suicidios y de otros problemas psicológicos. Tampoco se arbitraron las medidas para dar un resarcimiento económico y moral a quienes expusieron sus vidas en el frente de batalla con el apoyo de todo el pueblo argentino. La campaña de acción psicológica contra las FF.AA. Los dirigentes trotskistas y comunistas (aún algunos con disfraces de peronistas), además de instruirse en Cuba, donde se aprecia concurrieron unos 5.000 militantes a lo largo de casi quince años para ser adoctrinados y adiestrados en técnicas de guerrilla urbana y rural, también tuvieron aceitados lazos con gobiernos, sindicatos y ONGs europeas de izquierda, iniciados en 1974 por la estructura “solidaridad internacional” ya referida, y profundizada notablemente durante el exilio que se generalizó a partir de 1977, incluyendo a las cúpulas de las organizaciones terroristas, debido a la cantidad de militantes presos que estaban delatando a sus compañeros.

Fieles a sus convicciones ideológicas, continuaron desde allá atacando al gobierno y FF.AA. con las frases hechas de: “en Argentina hay un genocidio”, “los opositores políticos son secuestrados torturados y desaparecidos”, “no existe el estado de derecho”, “es una dictadura feroz”, “hay 30.000 desaparecidos”, etc. Eran frecuentes las reuniones de prensa en las que se presentaba a algún liberado de los “centros de reunión de prisioneros” (liberados por haber colaborado con las fuerzas legales) quienes denunciaban apremios y torturas inimaginables al sólo efecto de reducir el sentimiento de culpa por sus delaciones, que habían colaborado en forma gravitante en la destrucción de las organizaciones terroristas subversivas de las que formaban parte. En los principales países europeos se crearon organizaciones, comités de apoyo y solidaridad, y de DD.HH., a través de los cuales se difundía información falsa, incompleta o distorsionada para imponer en la opinión extranjera que la subversión y el terrorismo no existían, sino que eran una invención de la dictadura imperante para justificar sus represiones.

LA SUBVERSION Y EL TERRORISMO DE IZQUIERDA NO EXISTIÓ EN ARGENTINA????

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Uno de los miembros más activos en esos comités era casualmente Rodolfo Mattarollo. Algunas de las organizaciones de falsos DD.HH. creadas por terroristas argentinos fueron: Comisión Argentina de los Derechos Humanos (CADHU); Comisión de Solidaridad de Familiares de presos, muertos y desaparecidos en la Argentina (COSOFAM); Comité Argentino de Información y Solidaridad (CAIS), creado por la “Junta Coordinadora Re-volucionaria” (JCR), integrada por ERP, MIR chileno, Tupamaros y ELN de Bolivia. Es necesario recalcar que a lo largo de todos los gobiernos constitucionales a partir de 1983, se realizó y se sigue realizando, una campaña de acción psicológica contra los militares en relación a los procedimientos utilizados en la guerra no convencional librada contra el terrorismo subversivo.

Es difícil encontrar una campaña de ese tipo contra un sector de la sociedad tan prolongada (lleva 25 años ejecutándose), tan incisiva, tan constante y en la cual hayan sido utilizados tantos medios, procedimientos y recursos financieros aportados por el Estado. Justamente contra el sector que es constitucionalmente el brazo armado de la Nación. Desarrollo del ataque a las FFAA por parte del gobierno neo marxista Mientras tanto, por la renuncia de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que actuó durante el llamado “Proceso Militar”, Alfonsín nombró los cinco jueces para cubrir las nuevas vacantes, asegurándose el manejo de la justicia al más alto nivel.

El Dr. Leopoldo Schifrin, un enemigo ideológico de las FF.AA., fue designado secretario. Esa Justicia, no actuó conforme a derecho ya que, impulsada por el poder político, creó nuevas normas no existentes al momento de los hechos que se imputaban, y utilizó otras que violentaban los preceptos constitucionales y del Derecho Internacional.

Entre ellas: • El gobierno modificó la ley 14.029 (Código de Justicia Militar) a efectos de sacar a los miembros de la Juntas Militares de sus jueces naturales, en violación del Art. 18 de la Constitución Nacional. También ordenó que el juicio se realizara con característica de sumario (para impactar en la opinión pública nacional e internacional y no se diluyera en el tiempo) e impartió instrucciones para que no se aceptase que había habido una guerra (Ver en Google o Yahoo: “Nuestra_historia_70“, B117 y otros). • Se violó el Art. 18 que dice: “Ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”, ya que se juzgó imputando delitos inexistentes en nuestro código penal y “por una comisión especial” carente de idoneidad y competencia. • Se violó la norma del derecho de aplicación de la ley más benigna. • Se violó el principio constitucional de inocencia con la aplicación de prisiones preventivas permanentes, no ajustadas a sus fines cautelares. • Se violó el principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos.

Esta perversa e inequitativa interpretación de la justicia, en línea con los postulados de Gramsci para destruir y debilitar las FF.AA., permitió que a la fecha (30 años después) sólo exista un único grupo de perseguidos por la guerra contra el terrorismo: los miembros de la institución militar que habían recibido del poder político constitucional la orden de aniquilarlo. La realización de los juicios a los Comandantes fue un enorme show para el país y el exterior con el fin de hacer aparecer a Alfonsín como el paladín de los DD.HH., camino al “Nobel de la Paz”. Los testigos y los presuntos torturados, instruidos por los abogados de DD.HH. -cuya estrategia iba mucho más allá de ese juicio-, relataron cosas aberrantes para impactar a la población, que a su vez era “bombardeada” por una aviesa campaña de acción psicológica que presentaba a los militantes de organizaciones armadas terroristas como inocentes jóvenes que sólo habían sido críticos del gobierno.

Mientras tanto el gobierno utilizó varios subterfugios e incluso dos leyes con normas para conmutar penas y presentar impugnaciones a condenas firmes dictadas por tribunales militares. En poco tiempo todos los terroristas detenidos quedaron libres. Las sentencia condenatoria a los Comandantes abrió las puertas para impulsar nuevos y masivos juicios a los integrantes de las FF.AA. y a otras fuerzas que actuaron subordinadas, al margen de su jerarquía. Sin embargo esa sentencia, luego ratificada por la Corte Suprema de Justicia –adicta al Poder Político- en su lado positivo dejó establecido que no hubo condenas por delitos de genocidio, lesa humanidad, ni plan sistemático de apropiación de menores. Delitos todos que aún hoy se intenta imputar a los mismos actores. La avalancha de citaciones e imputaciones a oficiales y suboficiales, que en la época de los hechos eran subalternos, provocó gran inquietud en los cuadros, quienes entre 1987 y 1989 produjeron varios motines en el Ejército contra los jefes de Estado Mayor, por considerar que no defendían adecuadamente a sus subordinados. A raíz de esas acciones, el gobierno -que no quería dictar una Ley de Amnistía y que había anulado la dictada por el gobierno militar antes de entregar el poder- envió dos leyes al Congreso Nacional que fueron aprobadas: la Ley de “Punto Final” y la de “Obediencia Debida”. Con esto -veremos que temporariamente- la persecución política por medios jurídicos a los cuadros de las FF.AA. y elementos subordinados, se detuvo. La nueva ley de Defensa Nacional 23.554 del gobierno radical Fue promulgada en 1988 luego de tres años de tratamiento.

Es incompleta y pesa de anacrónica al no considerar -por razones ideológicas- las “Nuevas Amenazas”, que en definitiva son las generadoras de la casi totalidad de conflictos que suceden en el siglo XXI dentro de la categoría de “Crimen internacional organizado”: como el fundamentalismo religioso, terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero, además de las amenazas energéticas y a los recursos naturales. El tiempo transcurrido desde la promulgación y su reglamentación (casi 20 años) fue responsabilidad constitucional de los distintos presidentes que gobernaron el país. Por su parte el Consejo de Defensa no cumplió en hacer los proyectos de leyes mínimas necesarias para completar el Sistema de Defensa. La suma de estas omisiones demuestra el desinterés, la falta de conciencia e ignorancia de nuestra dirigencia política sobre la necesidad de establecer una política de Seguridad Nacional, imprescindible para establecer cuáles son los desafíos y amenazas y cómo enfrentarlos. ¿Es posible que aún (año 2009) no se hayan promulgado leyes mínimamente necesarias, por ejemplo la ley orgánica de producción para la defensa?,

¿Podemos prepararnos para un conflicto armado sin ley de movilización y entrenamiento de las reservas?… por citar sólo dos de las normas que aún no han llegado al Congreso -20 años después de ordenar la Ley de Defensa- que se debían concretar dentro de los 365 días de promulgada dicha ley. La síntesis final de las consideraciones relativas a la Ley de Defensa vigente y su instrumentación se puede resumir en una sola frase: “Nuestro país, Argentina, quedó y está totalmente indefenso por voluntad y decisión de nuestros gobernantes”. En diciembre de 2001 el gobierno del Dr. Menem promulgó la Ley 25.520 o Ley de Inteligencia Nacional. En coherencia con la anterior -Ley de Defensa- prohibía a las FF.AA. realizar la inteligencia en el país, necesaria para poder prevenir o enfrentar las “nuevas amenazas”.

El proporcionar la información e inteligencia necesaria para esos casos se asignaba como obligación de la Secretaría de Inteligencia (SI) dependiente de la Presidencia de la Nación. En su contenido prohíbe formar parte del sistema de Inteligencia Nacional a quienes registren antecedentes por crímenes de guerra, contra la humanidad o por la violación de DD.HH. que figuren en los archivos de la Secretaría de DDHH, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Ley establece también el control parlamentario, antes inexistente. Destrucción de la Industria para la Defensa Nacional (1983 – 1989) En términos económicos, la “Seguridad y la Defensa Nacional” se define como un bien público intangible, necesario fundamentalmente para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial del Estado; un concepto que amplía, y de ninguna manera obstruye, principio alguno que se pueda deducir del contenido de la Constitución de la Nación Argentina.

Necesidad de utilización de la experiencia de la “Guerra de Malvinas” Las recomendaciones del informe respecto a la industria para la Defensa fueron: •Mantener la capacidad fabril para la fabricación de munición y explosivos. • Mantener la capacidad fabril y o mantenimiento de vehículos de combate terrestre, aéreo y naval. • Generar condiciones favorables para la creación de tecnología de sustitución y de fabricación de elementos nuevos de materiales de guerra. Todas estas acciones debieron ser consideradas en la política de Defensa de los gobiernos posteriores a 1983. La 40 41 realidad fue opuesta a estas recomendaciones como veremos más adelante. Disminución del presupuesto de Defensa Nacional Durante el gobierno del doctor Alfonsín y gobiernos posteriores, se disminuyó notablemente el presupuesto del área de Defensa lo que paralizó en gran parte las actividades de las distintas fabricas militares y las tareas de mantenimiento así como las compras de material extranjero -más necesarias que nunca- luego de la notable pérdida de material, además de vidas, producida durante la guerra de Malvinas (Abril-Junio 1982).

Ese bajo presupuesto también influyó en la falta de adecuado adiestramiento de las fracciones de los distintos comandos y unidades, con la consecuente reducción en la capacidad operativa y de conducción de los distintos niveles. • Ejército Argentino (EA) La Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) creada por Ley 12.709 del 9 de octubre de 1941 como elemento orgánico del Ejército Argentino era un enorme complejo industrial-militar. Hasta 1983 estaba integrada por una Dirección de Desarrollo de la que dependían las 14 grandes sociedades en las que la DGFM tenía participación accionaria, y atendía todo lo relacionado con el sector siderúrgico y minero según lo establecía la ley. Se completaba su organización con la Dirección de Producción de la que dependían 12 establecimientos fabriles que producían elementos estratégicos para las FF.AA. argentinas y de algunos países de Latinoamérica.

Diez días después de asumir, Alfonsín dispuso por decreto que Fabricaciones Militares pasara a depender del Ministerio de Defensa, y un mes y medio después designó personal civil sin conocimientos o ajeno a la empresa, para ocupar la cúpula de toda la estructura, lo cual no era malo en sí mismo, sino que la medida tenía más intencionalidad política que dirigencial en cuanto no se había realizado un adecuado estudio de factibilidad para modificar la dependencia y estructura del sistema. Hasta ese momento la DGFMhabía sido manejada como un holding en el que las empresas más rentables permitían el funcionamiento y producción de otras cuya actividad era necesaria aunque no rentable.

La modificación significó el desmembramiento de las distintas sociedades que antes eran conducidas como un holding, lo que originó una situación anárquica en algunas de las empresas y fábricas cuyos nuevos gerentes civiles con poco conocimiento de lo que debían administrar, entraron en el juego de intereses políticos y económicos. En síntesis, el gobierno de Alfonsín, por razones partidarias e ideológicas, perdió una importante oportunidad para mejorar la organización industrial militar a través de un programa coordinado, toda vez que los cambios no se produjeron como consecuencia de un estudio meduloso, en el que participaran especialistas en el tema, sino por una decisión política -inducida por una particular visión histórica, sectaria y teñida de cuestiones ideológicas- preconcebida para disminuir la injerencia en el poder político y económico del Estado por parte de las FF.AA. -Tanque Argentino Mediano S.E. (TAMSE) El TAM (Tanque Argentino Mediano) fue un proyecto nacido en la DGFMen cooperación con Thyssen de Alemania, acordándose en su oportunidad realizar dos prototipos: un Vehículo de Combate -tanque- de 30 Ton. con cañón 10.5 y un vehículo blindado de Transporte de Personal con cañón de 20mm.

Luego de probados los prototipos, que estaban a la altura de los mejores productos mundiales, se inició su fabricación en serie. Se fabricaron alrededor de 450 vehículos blindados. En 1980 se inició el desarrollo de un VC blindado para artillería de 155 mm que fue logrado con éxito. Hasta 1996 se entregaron 17 de ellos a las unidades correspondientes. En 1997 el gobierno del Dr. Menem ordenó la liquidación de TAMSE, la sociedad que fabricaba estos armamentos blindados, cuyo trámite finalizó en el año 2000. Los activos quedaron en el Ejército. • Armada de la República Argentina (ARA) La industria naval argentina -para servir a un enorme litoral marítimo- estaba orientada a la construcción de unidades de pequeño, mediano y gran porte para la carga y pesca en la cual estaba muy bien calificada. En menor grado satisfacía la construcción de unidades para la ARA y cubría sus necesidades de mantenimiento. La modalidad de esta Fuerza, en lo que hace al equipamiento, se basaba en la compra de unidades usadas o nuevas con equipamiento completo, incluyendo los sistemas de armas.

De todos modos para las necesidades de mantenimiento, desarrollos y actualizaciones tecnológicas se valía de sus talleres de la Base Naval Puerto Belgrano e instalaciones de empresas sobre las que ejercía influencia legal por participación accionaria. En función de las exigencias así planteadas el Estado Mayor General de la Armada al 31 de diciembre de 1983 tenía bajo su mando la siguiente estructura de apoyo : -Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor S.A.) Empresa inicialmente dirigida por la Armada Argentina y la Administración General de Puertos, bajo el sistema legal de una sociedad anónima, con mayoría de capital estatal. Los talleres tenían como capacidad la reparación de 400 buques por año. En los años 1973 y 1974 además, se armaron y ensamblaron allí las partes de los submarinos “San Luis” y “Salta” de 1000 toneladas cada uno. Actualmente es una empresa privada. -Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE) Era el astillero argentino más importante, disponiendo de una superficie (en todo su predio) de 1.010.000 m2. En él se fabricaron para la Armada Argentina buques como: el destructor ARA Santísima Trinidad y las fragatas misilísticas ARA Espora, ARA Spiro, ARA Parker y ARA Rosales, de la clase MEKO 140. 44 45 El gobierno de Alfonsín modificó la política previa existente en materia de construcciones de buques de guerra y comerciales, quedando los astilleros de AFNE casi inactivos, con la seria afectación de mano de obra especializada. -Astilleros Manuel Domecq García S.A.

Este astillero fue concebido para el propósito de fabricar los submarinos TR-1700 y proporcionar el servicio de mantenimiento al resto de los submarinos diesel de marinas de otros países. Desde su pasaje a la órbita al Ministerio de Defensa sufrió un progresivo desmantelamiento que anuló su capacidad como astillero. De los 4 tubos de submarinos depositados en sus talleres sólo queda uno en proceso detenido, mientras que los tres restantes fueron canibalizados como repuestos de los submarinos en servicio. -Taller Aeronaval Central o Taller Aeronaval Espora En él se realizaba el 4to Escalón de Mantenimiento y Servicio Autorizado de todo el material aéreo de la ARA .

El masivo éxodo de ingenieros, capataces y técnicos especializados en reparación de turbinas aéreas y navales provocado por los bajos sueldos, le ha hecho perder la finalidad principal que tenía como taller central. • Fuerza Aérea Argentina (FAA) La Fuerza Aérea argentina desarrolló su capacidad de mantenimiento y de producción aeronáutica en base a dos talleres regionales (Quilmes, en la provincia de Buenos Aires y Río Cuarto, en la provincia de Córdoba) sumados al Área Material Córdoba donde, además de producir aviones, se fabricaron motores alternativos, armamento (misiles, cohetes y bombas), paracaídas e instrumental. La Fábrica Militar de Aviones Córdoba (1927) se constituyó en el embrión industrial del interior del país y fue la mejor escuela industrial a través de muchos años, donde se formaron ingenieros, técnicos y operarios especializados.

Durante setenta años en sus plantas se produjeron en serie ocho aviones bajo licencia (desde el AVRO GOSPORT 504 {1928} al DOUGLAS A- 4AR {1999}, pasando por el MENTOR B-45, que aun es de dotación de la Escuela de Aviación, tras cincuenta años de ser utilizado como entrenador básico). En el mismo período de sus talleres salieron treinta y seis sistemas de armas entre prototipos y de producción en serie, que integraron la dotación de la Fuerza Aérea. Entre los prototipos se destacaron el PULQUI I (1947), el ÑANCÚ (1948) y el PULQUI II (1950), de avanzada tecnología para la época. Los dos últimos desarrollos fueron el IAe 58 PUCARA (turbohélice de reconocimiento ofensivo y apoyo directo en el campo táctico, que operó en el conflicto de Malvinas), y el IAe 63 PAMPA, desarrollado con la colaboración de la industria alemana (adiestramiento avanzado y ataque).

La reducción presupuestaria operada sobre las Fuerzas Armadas a partir de 1983 y la manifiesta despreocupación por la industria y actividad aérea, trajo como resultado que buena parte de esa capacidad industrial haya quedado definitivamente en el pasado, restando sólo la capacidad de mantenimiento mayor. Los embates contra la estructura aeronáutica continuaron en forma sistemática, llevando al polo industrial hasta casi su paralización, hecho éste que sirvió para justificar la privatización del ÁreaMaterial, por parte del gobierno deMenem, el 15 de diciembre de 1994, que terminó con el Estado subsidiando a una empresa extranjera, que no aportó trabajo ni tecnología.

Las motivaciones del desmantelamiento de la industria aeronáutica se ven con más claridad si se repara en las maniobras políticas y mediáticas que se han desatado durante los últimos veinticinco años y que dieron como resultado la desvinculación total de la Fuerza Aérea con el control del tráfico aeroespacial, del Servicio Meteorológico Nacional y de la Administración Nacional de Aeronavegabilidad, entre otros, afectando seriamente la seguridad aérea. -Programa misilístico “Cóndor” En las postrimerías de la década de los setenta comenzó el proyecto y desarrollo de un misil balístico de mediano alcance (MRBM) a cargo de la Fuerza Aérea, proyecto realmente ambicioso que fue evolucionando con la colaboración de varias empresas. entre ellas la MBB alemana y subsidiarias.

La gran formación técnica de los científicos argentinos, permitió avanzar rápidamente en la tecnología del combustible sólido, los motores y el sistema de guiado. El “Cóndor I” estuvo destinado a la investigación atmosférica, con un apogeo de 300 km. y una carga útil de aproximadamente de 500 kgs. Los ensayos estáticos se realizaron a mediados de 1983 y el primer lanzamiento estaba previsto a fines de1985, cosa que nunca se realizó. Su sucesor el “Cóndor II” era capaz de llevar una ojiva de media tonelada a más de 1000 km., cuyo bajo costo comparado con sus competidores no sólo favorecía su producción, sino que permitía vislumbrar la posibilidad de un buen mercado. Estos proyectos nacieron impulsados por la idea de lanzar satélites y ponerlos en órbitas de baja altura, sin contar con ayuda externa. Terminado apresuradamente el gobierno de Alfonsín, el nuevo gobierno de Menem pareció en un principio estar de acuerdo con el proyecto pero posteriormente cedió a las presiones que se ejercían y ordenó la cancelación del proyecto aduciendo inicialmente razones presupuestarias, para terminar dando como causa las imposiciones internacionales (EEUU).

Gran parte del material y equipo para el desarrollo de los cohetes fue desmantelado y enviado a los EE.UU. para su destrucción en el año 1993. Paralelamente, todo lo que estaba relacionado con la investigación y desarrollo pasó a una nueva organización gubernamental civil, quitándole la responsabilidad a la Fuerza Aérea.

Radarización y narcotráfico Con el vertiginoso desarrollo de la aviación en general y de la comercial en particular, la Fuerza Aérea fue impulsando a lo largo de los años diferentes planes tendientes a lograr la vigilancia y control integral del aeroespacio, los cuales no llegaron a materializarse por diversas razones. Así nacieron: el “Sistema Integrado de Control del Espacio Aéreo” (SICEA) en los años 70 y 80; el “Plan Nacional de Radarización” en los años 90 (aprobado por Decreto 145/96) y actualmente el llamado “Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial” (SINVICA) que lo remplazó. Este último prevé incorporar cuatro radares militares en forma escalonada a partir del año 2009/2010. Esta decisión, aún no cumplida, se está tomando 40 años después de la última adquisición de radares militares, en la década del 70. Sólo el 11% de nuestro territorio se encuentra bajo control radar, limitándose ello a radares para control de tránsito aéreo instalados en los aeropuertos de Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y un radar secundario en Paraná.

Desde hace mas de 15 años el Estado nacional no ha incorporado ningún radar para ir completando la red de control de tránsito aéreo que es casi inexistente. Es evidente que ello se debe a una falta de decisión política vinculada con aspectos de corrupción administrativa en un negocio de casi 2.000 millones de dólares (materiales, equipos y mantenimiento) y favorece especialmente las actividades de contrabando y narcotráfico que se desarrollan preponderantemente en las fronteras norte del país. La diversidad y la gravedad de los trastornos que se originan en la sociedad argentina a partir del ingreso de estupefacientes al territorio nacional vía aérea y de la amenaza permanente del terrorismo, debería ser motivo suficiente para justificar la asignación de partidas presupuestarias que permitieran la inmediata adquisición de equipos y radares que posibilitaran un adecuado y completo control del espacio aéreo nacional.

Otro problema no menor, en cuanto el control de espacio aéreo, es que nuestra Fuerza Aérea no está legalmente autorizada a derribar aviones civiles en vuelo ilegal. 4. Ataque a los cuarteles de La Tablada durante el gobierno de Alfonsín Enrique Gorriarán Merlo, integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de nuestro país, fue asesor militar del Foro de San Pablo -a partir de su creación- en su calidad de “comandante” del ejército nicaragüense, grado al que había accedido por su apoyo militar y participación en la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que incluyó la planificación, dirección y ejecución del asesinato en Paraguay (Sep. 1980) del ex presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, por encargo del gobierno revolucionario nicaragüense.

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Gorriarán había sido creador en 1986, en Managua, del Movimiento Todos por la Patria (MTP) para actuar el la Argentina, junto al actual Secretario de DD.HH. de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, y otros militantes del ERP, mon- 50 51 toneros, sacerdotes de izquierda radicalizada y miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En enero de 1989, durante el gobierno de Alfonsín, el MTP conducido por GorriaránMerlo, atacó en nuestro país al Regimiento 3 de Infantería Mecanizada y al Escuadrón de Caballería blindado 10, ubicados en los cuarteles de La Tablada (Provincia de Buenos Aires), los cuales fueron recuperados por el Ejército Argentino después de una cruenta batalla de dos días que dejó un saldo de 39 muertos.

Las razones y responsabilidades del hecho fueron confusas. El go-bierno no investigó adecuadamente la participación de funcionarios de la juventud radical cercanos al Presidente, que tenían relación con el terrorista Gorriarán. Veinte terroristas sobrevivientes del ataque fueron prisioneros y encarcelados, otros escaparon. Juzgados los primeros, tuvieron importantes condenas entre 10 años y prisión perpetua. Once años después, el presidente Dr. Fernando de la Rúa les conmutó las penas y salieron en libertad, con excepción de Gorriarán Merlo, que recién seis años después del hecho había sido capturado en México, traído al país, juzgado, y condenado a cadena perpetua. En el 2002, Gorriarán fue finalmente indultado por el gobierno de Eduardo Duhalde (homónimo del anterior). Las Madres de Plaza de Mayo y otros integrantes del Foro de San Pablo impulsaron esta liberación (Ver en Google “Nuestra_historia_70” Boletines 146 a 154). Tiempo después de salir de prisión, Gorriarán formó una nueva agrupación política (PTD) que se adhirió al Foro de San Pablo, algunos de cuyos integrantes enviaron sus adhesiones al partido creado.

En el año 2006, murió por enfermedad, estando en libertad. Contrariamente, en la Argentina, hoy están en prisión más de 400 oficiales y suboficiales de las FF.AA., además de miembros de las Fuerzas de Seguridad y policiales, como consecuencia de la guerra contra el terrorismo de los años 70. No hay ningún terrorista preso. El año 1989 marca el fin adelantado del gobierno radical “estatista” de Alfonsín En los primeros meses de 1989 se incrementó el desprestigio de la administración radical que no pudo, o no supo, contener el problema inflacionario y cuya gestión llevó a un descontrol tal de las variables económicas, que condujeron a una hiperinflación (se llegó al 4.923 % anual) con el consiguiente descontento social que produjo -especialmente en los grandes centros urbanos- desmanes tales que provocaron 15 muertos y docenas de heridos, todo lo cual obligó al gobierno a entregar el poder anticipadamente.

El 12 de junio el presidente Alfonsín renunció y transfirió el mandato 6 meses antes, al candidato vencedor de las elecciones efectuadas el 14 de mayo, doctor Carlos Saúl Menem, del Partido Justicialista, quien asumió el 8 de julio de ese año. 52 53 5. Creación del Foro de San Pablo. Se continúa con el debilitamiento de las FF.AA. Como ya se indicó, en el año 1990 se creó el Foro de San Pablo (FSP) con los objetivos que se expresan en el comienzo de este documento. Meses antes, como dijimos, había accedido a la presidencia el Dr. Carlos Saúl Menem, del Partido Justicialista, al que podemos caracterizar como un caso atípico, ya que fue un peronista liberal en lo económico (que logró superar la inflación y estabilizar los precios durante 10 años) cuyos dos períodos de gobierno estuvieron signados por la privatización de la mayoría de las empresas en poder del Estado, que eran muchas. Su gestión en relación con las FF.AA. y la Defensa Nacional se caracteriza por acciones contradictorias a saber. •Interés en pacificar el país mediante una serie de indultos, facultad que le otorgaba la Constitución Nacional en su carácter de Presidente.

Con tal medida liberó o exoneró a: -Los terroristas que aún quedaban acusados en diversos procesos y que se encontraban prófugos, detenidos o excarcelados. -Los altos jefes militares no alcanzados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. -Todo el personal militar sumariado y personas civiles que intervinieron en los motines de Semana Santa (1987),Monte Caseros (1987), y Villa Martelli (1988), por delitos contra la disciplina, -Los integrantes de la Junta Militar procesados por la guerra de Malvinas. • En marzo de 1998, con su impulso, el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.952 por la que se derogaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y la de Extinción de Acciones Penales. • Promovió en el Congreso Nacional el dictado de leyes que beneficiaron económicamente a los detenidos por tribunales militares (con $ 74,66 por día de detención) y a los familiares de los muertos y desaparecidos (con US$ 225.000), no otorgando similar beneficio con las víctimas a manos de los terroristas subversivos. • Mantuvo el presupuesto de las FF.AA. en un nivel muy bajo, afectando como su antecesor la reposición de materiales, el mantenimiento y el adiestramiento del personal. • Destruyó la capacidad de desarrollo tecnológico y de fabricación de los materiales para la defensa, por medio de las liquidaciones de las empresas mixtas o del Estado que no eran rentables. • No dictó las leyes complementarias ordenadas en la Ley de Defensa que hubieran facilitado el planeamiento operacional y logístico desde tiempos de paz. • Dejó sin efecto el Servicio Militar Obligatorio que, además de preparar reservas instruidas, era una necesidad social de un país en vías de desarrollo (conocimiento del estado sanitario, el completamiento de la alfabetización y la integración social de jóvenes provenientes de distintos 54 55 ámbitos geográficos, culturales y económicos) por la necesidad política de obtener beneficios electorales.

El nuevo sistema de voluntariado no dispone de los recursos financieros necesarios para adquirir los materiales y equipos y disponer de la cantidad de recursos humanos necesarios a efectos de poder funcionar con eficacia y cumplir con las exigencias de la defensa de nuestra soberanía y de nuestros recursos. La notable disminución de efectivos, en especial de soldados, llevó aparejado el cierre de unidades o la inactivación de las mismas sobre la base de reestructuraciones cuya intención real ha sido debilitar la capacidad de las FF.AA. • Designó funcionarios de 2da y 3ra línea del gobierno a ex militantes de la organización terrorista subversiva Montoneros. Entre ellos, ocuparon el cargo de Subs-cretaria de DD.HH., dependiente del Ministerio de Justicia, lugar clave para los fines aviesos del uso discriminado de los DD.HH. y la política contra las FF.AA. • La desmalvinización continuó durante la década del 90 a través de todos los medios de comunicación social (la prensa oral y escrita, cine y televisión), alcanzando su difusión con carácter negativo hasta las escuelas. Dirigida a un público crédulo, ignorante de la realidad histórica y al margen de los errores políticos y estratégicos militares, lo grave es que el tema presentaba un peligroso mensaje pacifista que ponía de manifiesto su intención de destruir los valores patrióticos que son el basamento de nuestra Nación.

En Marzo de 1992 se produjo en Buenos Aires un atentado terrorista que destruyó íntegramente la Embajada de Israel, con un saldo de 29 muertos y numerosos heridos. La investigación judicial no llegó a buen fin y el hecho se mantiene impune hasta el día de hoy. Dos años después corrió la misma suerte la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) con el trágico saldo de 86 victimas fatales y más de un centenar de heridos. En esta ocasión se puso de manifiesto lo absurdo de nuestra legislación en la materia, al impedirse a las Fuerzas Armadas Argentinas (leyes de Defensa y Seguridad Interior) investigar el atentado, mientras se autorizaba a una unidad del Ejército Israelí (Sahal) participar en la remoción de escombros y tareas de inteligencia.

Simultáneamente se infería un agravio a nuestra soberanía, ya que se trataba de un atentado sufrido por una organización civil ocurrido en territorio argentino. De nada valieron las pobres investigaciones judiciales, la demora y anomalías en los trámites, se fortalecieron las versiones que dieron pie a la creencia de que el gobierno de Menem habría preferido que no se investigara a fondo, para no echar luz sobre la fabricación y venta de armas Tal versión volvió a cobrar fuerza tras el descubrimiento del contrabando de armas a Croacia y Ecuador, que concluyó con la explosión de la Fábrica de Río III donde se había acondicionado parte del armamento (Nov. 1995).

Con este hecho de carácter netamente delictivo en lo político y comercial se volvió a involucrar a personal de las FF.AA. A mediados de 1995, a raíz del escándalo generado por una presentación televisiva de Adolfo Scilingo (un ex marino 56 57 dado de baja por diversos delitos comunes que se asoció económicamente con el periodista montonero -presidente del CELS- Horacio Verbitsky, para escribir un libro sobre la eliminación de subversivos terroristas que luego tituló: “El vuelo”), los tres jefes de Estado Mayor de las FF.AA. habían acordado con el Ministro de Defensa, Oscar Camilión, la conveniencia de realizar una presentación en conjunto a efectos de hacer públicas expresiones relacionadas con la guerra contra la subversión terrorista.

Sin embargo, una denuncia en un canal de TV efectuada por un suboficial de los servicios (de especialidad zapatero) contra quienes fueron sus superiores en Campo de Mayo, relativa a derechos humanos, fue la justificación del Jefe de estado Mayor del Ejército, el teniente general Balza, para presentarse sólo e imprevistamente en un programa televisivo de alto rating para realizar en nombre de esa institución un “mea culpa” por los métodos ilegítimos utilizados en la lucha, expresando que no existían listas de desaparecidos, haciendo hincapié, como si fueran novedades, una serie de consideraciones sobre la obediencia que siempre existieron en las normas militares.

Esta presentación y su contenido no fue bien visto por el personal subordinado en actividad, ni por los retirados, ya que todos esperaban una defensa de los su-bordinados que cumplieron órdenes. Aunque estas declaraciones tuvieron gran repercusión en la opinión pública, no obtuvieron su contrapartida por parte de los terroristas subversivos, ni tampoco de los políticos que tuvieron responsabilidad en los sucesos que teñirían de sangre la República en la década del 70, por acción u omisión. Durante varios años, a partir de los indultos del Presidente Menem y hasta el final del 2002, si bien la campaña contra los militares por los DD.HH. disminuyó notablemente, algunos jueces declararon en el 2001 la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y con ello el nuevo intento de las ONGs izquierdistas de reiniciar los juicios por los DD.HH. (de los terroristas).

El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas continuó tal como se ha expresado: la falta de presupuesto, la desaparición de la industria para la Defensa, la disminución de efectivos por la desaparición del Servicio Militar Obligatorio, la campaña de desprestigio de los cuadros, etc. Entre el año 2000 y el 2003, durante los gobiernos de De la Rúa y Duhalde, ejerció la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército el general Ricardo Brinzoni. Durante su gestión se observaron importantes cambios que lo distinguieron de su predecesor, el general Balza.

Hubo una decidida acción de respaldo y apoyo a los oficiales cuestionados por las organizaciones de derechos humanos y una acción institucional que reivindicó justificadamente el accionar del Ejército (y las otras fuerzas) durante la guerra contrarrevolucionaria y rindió homenajes permanentes a los caídos en ella, evocando las acciones de combate más importantes. Tal acción se complementó con una permanente apelación a la reconciliación nacional, buscando cerrar heridas, olvidar rencores inconducentes y terminar con la persecución vindicativa de los terroristas enquistados en sec- 58 59 tores de la vida democrática, en las ONGs izquierdistas que defienden “sus derechos humanos”, y en alguna prensa claramente definida como de izquierda y apologista del terrorismo marxista o genuflexa.

Esto le costó al general Brinzoni críticas permanentes de la izquierda, en especial del periodista y terrorista montonero Horacio Verbitsky, a través del periódico “Página 12”. Incluso se intentó comprometerlo y acusarlo de hechos acaecidos durante la guerra, sin fundamentos sólidos o pruebas fehacientes. Al asumir Kirchner la Presidencia lo reemplazó por un general que compartía su política de DDHH. 6. La persecución se reinicia en el ámbito del personal y se agrava En el año 2003, luego de una crisis económica social de gran envergadura y una situación política inestable y por momentos anárquica, ocurrió que, en el lapso de apenas un mes (Dic. 2001 a Ene. 2002), hubo cinco presidentes constitucionales. Se efectuaron nuevas elecciones, cuyo desenlace quedó inicialmente abierto debido a que debía realizarse entre los dos más votados un ballotage, por no alcanzar ninguno el porcentaje necesario para ganar. La disputa era entre Menem, quien iba por su tercer período, y Kirchner, el gobernador de una provincia casi despoblada (200.000 habitantes), pero con abundantes recursos naturales. Menem se retiró de la contienda, asumiendo entonces como presidente el Dr. Néstor Kirchner con el 25 % de los votos totales.

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Los antecedentes de Kirchner sólo lo señalaban como militante de la Juventud Peronista en la Universidad, junto con su actual mujer. En el año 1976, después de recibirse de abogado, se radicó en Santa Cruz, su tierra natal, para dedicarse la actividad profesional y comercial. A fines de la década del 80 se desempeñó como intendente de la ciudad de Río Gallegos, capital de esa provincia, donde en la década del 90 fue dos veces gobernador por el Partido Justicialista y estuvo muy identificado con el presidente Menem.

Jamás había realizado ningún acto o acción a favor de los DD.HH. y, por el contrario, había sido criticado por su falta de apoyo a esas ONGs. Su relación con las unidades militares de la zona pueden calificarse de normales. Sin embargo, en cuanto asumió la presidencia adoptó una actitud confrontativa y agresiva hacia las FF.AA., utilizando una estrategia de DD.HH. para que la izquierda activa no perturbara su acción de gobierno, dándole como prebendas, además de cargos y dinero, todas las facilidades para iniciar una enorme campaña contra las FF.AA. mediante las ONGs de DD.HH. (de los terroristas) liderada por “las Madres de Plaza de Mayo”, de Hebe de Bonafini, una radicalizada izquierdista que dirige una pseudo universidad “del odio” (con programas para hacer la revolución marxista-leninista), y que actualmente gerencia una “empresa de construcciones” solventada por el Estado.

Otro personaje destacado en su relación con el gobierno es la maestra Estela Carlotto, presidenta de las “Abuelas de Plaza de Mayo” (quien nunca pudo demostrar que fue abuela), que tiene “su negocio político” en la recuperación de menores, 60 61 hijos de desaparecidos, y que ubicó a sus dos hijos en cargos de diputados o secretarios de Estado de la provincia de Buenos Aires.

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En el gobierno de los Kirchner -ya que la mujer sucedió a su marido en la presidencia de la Nación- los terroristas fueron premiados con cargos de primer nivel, como ministros, secretarios de Estado, asesores de gobierno, gobernadores, directores de reparticiones públicas, jueces, etc. Desde sus altas posiciones, constituyen un equipo homogéneo en cuanto las actividades de destrucción de las FF.AA., tanto del personal que actuó en la guerra contrarrevolucionaria como en los valores permanentes de esas instituciones y sus tradiciones. En los primeros años de gobierno hubo un ataque a fondo para anular las “leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, y así juzgar nuevamente a la mayor cantidad de integrantes de las fuerzas legales, cosa que lograron anticonstitucionalmente por medio de un parlamento convertido en una “escribanía del gobierno”.

En agosto de 2003, el Poder Legislativo, impulsado por el Ejecutivo, resolvió dictar la ley 25.779, por la cual se declaran insanablemente nulas las Leyes 23.492 y 23.521 (derogadas por Menem en 1998) alegando que se trataron de delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, inamnistiables e inindultables. El Congreso de la Nación, arrogándose facultades que no posee, declaró la nulidad de esas leyes que habían sido promulgadas por un gobierno constitucional y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ese entonces, en más de 10 oportunidades. La actual Corte Suprema incurrió en un exceso mayor pues aplicó rectroactivamente la ley de nulidad basándose en una fuente extranjera, para juzgar una guerra interna.

A partir de allí y mediante un poder judicial en muchos casos genuflexo e intimidado -y, en otros, ideológicamente afínse reinició la persecución política por medios jurídicos y judiciales, aprovechando que habían quedado sin efecto por las leyes que ponían punto final a los conflictos del pasado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sintonía con el gobierno nacional y contra lo expresado por la Corte Penal Internacional en sus fallos y también en su estatuto (al cual estamos adheridos), estableció que los “crímenes” cometidos por las FF.AA. tenían carácter “imprescriptible”.

Contrariamente, los crímenes de los terroristas fueron considerados “delitos comunes” y, en función al tiempo transcurrido, ha operado su prescripción sin posibilidad de acción legal contra ellos. Así se contradice el Estatuto de Roma (de aplicación obligatoria a partir de su aprobación como ley interna por el Congreso Nacional) que claramente norma que los “grupos civiles no estatales”, al cometer delitos aberrantes deben también ser considerados por los Tribunales como incursos en delitos de lesa humanidad Con respecto a los veteranos de Malvinas, si bien ya lograron una pensión, la campaña de desprestigio sigue dirigida contra los cuadros de las FF.AA., con artículos escritos e incluso con películas donde muestran a los oficiales como despóticos y cobardes, que mientras los soldados estaban en pozos en el terreno y mal alimentados, ellos disponían de “privilegios alimentarios” y de comodidades físicas, aspectos total-mente falsos de falsedad absoluta (el autor de uno de los guiones fue un ex soldado que, según sus propios compañeros, había demostrado una conducta miedosa y poco solidaria durante su estadía en las islas).

Otra acción que realizan es iniciar juicio por torturas (delitos de lesa humanidad) a oficiales que sancionaron a algún soldado indisciplinado con el “calabozo de campaña” establecido en los reglamentos militares para estos casos. En total conocimiento que las FF.AA. actuaron “institucionalmente” durante el desarrollo de la guerra revolucionaria -salvo algún grupo minúsculo- y compenetradas con su misión de “aniquilar al terrorismo subversivo”, de acuerdo con decretos emanados de la Presidente constitucional, los sucesivos gobiernos posteriores al proceso militar han adoptado políticas alternativas para atacarlas y disminuirlas:

• Persecución jurídica y judicial, sin tregua y sin límites legales, a aquellos militares cuya actividad antiterrorista era pública y manifiesta, de acuerdo con el destino y función que cumplían. • Persecución económica al restante personal retirado, al que se le ha recortado el sueldo en el 63% (siempre fue aproximadamente el 18%) respecto al haber de los activos mediante arbitrios ilegales que generan juicios interminables. Como resultado, han logrado una progresiva pauperización del personal en situación de retiro que tiene consecuente repercusión en las familias militares. Esta medida tiene también un efecto intimidatorio sobre los militares en servicio activo, ya que los disuade de disentir con las políticas de Defensa implementadas por el gobierno, so riesgo de pasar a retiro en forma inmediata y así engrosar el sector de los “desposeídos” .

El CELS, herramienta estratégica para dominar la política de personal de las FF.AA. No podemos dejar de referirnos al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) cuyo actual presidente es el terrorista montonero Horacio Verbitsky . Esta organización fue creada el 12 de abril de 1980 -tres años antes que entregara el poder el gobierno militar- por iniciativa del doctor Emilio F. Mignone 7, quien fue su primer presidente, acompañado por Augusto ConteMc Donell (tenían hijos “desaparecidos”). En el Acta fundacional se dejó constancia que su finalidad principal era intervenir dentro y fuera del país en todo lo atinente al tema de los DD.HH. Sus objetivos eran políticos y partiendo de la recepción y selección de denuncias pensaban llegar a involucrar a miembros de las FF.AA., de seguridad y policiales, mediante una acusación penal. Conociendo esta finalidad entendemos que el CELS nació como defensor de los derechos humanos de sólo un sector, parcializados. Este enfoque se mantuvo a través del tiempo y explica el impulso posterior que adquirió esta entidad y la forma en que se insertó en similares organismos internacionales y dirigió la tarea y la acción psicológica de las ONGs de DD.HH. (de los terroristas) en nuestro país y en el exterior.

El gran salto cualitativo del CELS se dio al morir Mignone y hacerse cargo de la presidencia el ya nombrado terrorista Verbistsky, quien perteneció al servicio de inteligencia de Montoneros e inexplicablemente, fue el único que sobrevivió entre los identificados que cumplían esa función. En 1989 y desde el diario izquierdista “Página 12” (hoy vocero oficial del gobierno) fundado con los dineros suministrados por el histórico terrorista Gorriarán Merlo, Verbitsky efectuaba denuncias contra un grupo de “militares que querían realizar un golpe de Estado contra el gobierno”. Curiosamente esos artículos coincidieron luego con el falso fundamento dado por Gorriarán y el MTP como causa del sangriento ataque a los cuarteles de la Tablada, al cual ya nos referimos. La trabajada relación de Verbitsky -debido a su cargocon la OEA, le abrió numerosos contactos en cadena que convirtieron a la entidad por su desarrollo, capacidad financiera y apoyo estatal, en la más influyente de sus similares en el campo de los DD.HH., temática en la que a partir del 2003, con la política del presidente Kirchner, agrega otras ventajas decisivas para su accionar, al actuar el gobierno contra la FF.AA. e influir en los otros poderes del Estado.

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En cuanto a la relación con el ministerio de Defensa, se puede afirmar -aunque parezca descabellado- que el CELS, y en especial Verbitsky, es el verdadero artífice de la política de personal de las FF.AA. (Revisión de legajos de retirados y en actividad para encontrar indicios o evidencias que le sirvan para tomar medidas administrativas y judiciales contra esos cuadros en relación a la guerra contra la subversión terrorista e incluso de los ideológicamente contrarios al gobierno). A través del tiempo el CELS ha logrado un importante apoyo de fundaciones nacionales e internacionales. Entre ellas: AMNESTY Suenska Fonden (Suecia), AVINA (Buenos Aires), Centro de Estudios de Justicia de las Américas-CEJA, Coalición por la Corte Penal Internacional (Estados Unidos), Fundación FORD (Estados Unidos), Foreign and Commonwealth Office (Gran Bretaña) y British Embassy (Buenos Aires), Fondo de Contribuciones Voluntarias para Víctimas de la Tortura de Naciones Unidas (Suiza), International Human Rights Internship Program-IHRIP (Estados Unidos), Kellog Foundation (Estados Unidos), The John Merck Fund (Estados Unidos), The Tinker Foundation (Estados Unidos), Embajada de Holanda, a las que debemos agregar unas 25 organizaciones más. La enorme capacidad financiera que dispone el CELS le permite enviar delegados a varios países de Latinoamérica para intercambiar información y experiencias sobre la forma de crear un nuevo derecho con el que se pueda juzgar al personal militar, ayudados por el poder político, para presionar a los jueces (ataque jurídico y judicial) a efectos de ir logrando lo que hicieron y hacen en Argentina.

Posee importantes contactos favorables en la Comisión Interamericana de los DD.HH., la Comisión de DD.HH. de la ONU y el Secreta-riado Internacional de Amnesty Internacional. El CELS ha sido aceptado como filial de la “Internacional League for Human Rights” y por tal motivo tiene facilitada su participación internacional, donde gravita con sus trabajos e informes. Sobre el tema relacionado con el “control civil de las 66 67 Fuerzas Armadas”, el CELS tiene seis documentos publicados que pueden ser observados y descargados su sitio de Internet. Por otra parte debe considerarse al CELS como el ente “cipayo” del “Diálogo Interamericano” (http://www.thedialogue. org), “centro estadounidense de análisis político, comunicación e intercambio sobre temas de interés para el Hemisferio Occidental. El Diálogo Interamericano reúne a importantes actores de los sectores público y privado de todo el continente con el propósito de tratar las problemáticas y coyunturas hemisféricas de mayor trascendencia”. En realidad es el organismo que establece las grandes líneas que el proyecto internacionalista tiene en vista en nuestro subcontinente.

Consideraciones finales En nuestro país, la situación de desprestigio de las FF.AA. y la animosidad de los gobiernos contra su desarrollo y su reconocimiento por parte de la sociedad, es anterior a la creación del Foro de San Pablo, ya que se inicia en 1983 como consecuencia de dos factores locales: El primero, de carácter político, que tiene que ver con la injerencia institucional que desde 1930 -y a requerimiento de la oposición política que usufructuó los beneficios- tuvieron las FF.AA. en la política nacional (golpes de Estado y consecuentes gobiernos de facto, desplazando a los partidos políticos en el poder).

Es de suyo que la intervención de los Ejércitos en la política en Argentina fue similar en aquellos años al resto de América Latina, con la particularidad que esa intervención en todos los casos, si bien fueron encabezados por militares, la masa de funcionarios de tales gobiernos pertenecieron a los distintos partidos políticos, incluyendo a los del gobierno depuesto.

Al volver los gobiernos constitucionales, esos políticos en muchos casos minimizaron esa participación y su apoyo a los gobiernos de facto e incluso lo denostaron como una forma de desvincularse de ese pasado. Otra consideración importante, es conocer que el Poder Judicial, en todos los casos, continuó ejerciendo su ministerio.Más aún, muchos de los jueces que juzgaron a los militares cuando éstos dejaron el poder en 1983, habían jurado previamente sobre los Estatutos Revolucionarios de los militares. El segundo, de carácter preponderantemente ideológico, y como consecuencia de las secuelas de la guerra revolucionaria que dejó muchos muertos y miles de desaparecidos con la victoria militar de las FF.AA.

A partir de entonces, la estrategia de desgaste y aniquilación de las fuerzas legales la hacen las ONGs de DD.HH. (de los terroristas), en connivencia con los gobiernos y apoyados por los partidos o agrupaciones políticas de izquierda. Consecuentemente los actores de ambos factores tenían como objetivo común el debilitamiento político, la destrucción de su capacidad militar y/o la modificación ideológica de las FF.AA., a efectos de captarlas y lograr apoyo a sus fines políticos e ideológicos.

La derrota militar en la guerra de Malvinas, a pesar del inmenso apoyo popular que tuviera luego de tomar las islas sin derramar sangre de los ingleses ni de la población civil, cambió ese apoyo por críticas al “descabellado intento de ganarle a los ingleses con la OTAN apoyándolos” que rápidamente fueron capitalizadas por la izquierda de los DD.HH. para desprestigiar aún más a las Fuerzas Armadas de la Nación. Desde 1983 el país vivió en democracia sin participación alguna de las FF.AA. en el poder político, sucediéndose como presidentes: Dr. Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical); Dr. Carlos Saúl Menem (Justicialista), durante 2 períodos; Dr. Fernando de la Rúa (Alianza), Ramón Puerta (Justicialista), Dr. Alberto Rodríguez Saá (Justicialista), Eduardo Camaño (Justicialista) y Dr. Eduardo Duhalde (Justicialista). Los cuatro últimos surgidos luego de la renuncia de De la Rúa, a raíz de un cuasi golpe de Estado civil y sin participación militar alguna, y por último el Dr. Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) y Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), esposa del anterior. Durante ese lapso se produjo una alternancia de los principales partidos políticos y el Congreso Nacional funcionó plenamente.

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Sin embargo, la política seguida con las Fuerzas Armadas -con diferentes matices- fue similar: ataque político, persecución jurídica y judicial, desarticulación, achicamiento, desprestigio e incapacitación de las mismas para operar como fuerza armada. Si bien las FF.AA. destruyeron el aparato armado de las organizaciones terroristas subversivas y ganaron la batalla, los elementos residuales de esa subversión junto al oportunismo de los políticos de turno continuaron “la guerra por otros medios” y en lugar de la aplicación de los Derechos Humanos tal como lo indica su esencia, los aplicaron unilateralmente como estrategia política y venganza contra las fuerzas legales, alcanzando el poder con el matrimonio Kirchner.

El “Juicio a las Juntas Militares”, constituyó un verdadero hito histórico en cuanto alteró el real desenlace de la Guerra Revolucionaria desatada en nuestro país, al sentar en el banquillo de los acusados a quienes la habían ganado en defensa del Estado y sus instituciones, sustrayéndolos de sus jueces naturales, juzgándolos mediante una “Comisión Especial” y leyes posteriores a la comisión de los hechos (situación prohibida por el Art. 18 de nuestra Constitución) y aplicándoles el Derecho Penal Ordinario en lugar del Derecho Militar.

Pese a que los comandantes asumieron la responsabilidad por las órdenes impartidas por el gobierno constitucional, en pleno uso de sus facultades, de aniquilar a la subversión, se hizo caso omiso de ello y se juzgó a los subalternos que habían cumplido las órdenes. Ello tuvo como consecuencia el descreimiento del cumplimiento de órdenes impartidas por superiores que disponían de poder legal para hacerlo. Tal situación traerá aparejado -en el futuro- que se pueda analizar una orden impartida por un superior legalmente autorizado para ello y cumplirla o no según su criterio o interés. Con ello se está cuestionando el comando y puede tener nefastas consecuencias en época de conflictos armados, ya que el subalterno tiene obligación de cumplir una orden del servicio y el responsable -si la cumplió reglamentariamente- es su superior. No hacerlo así, vulnera la disciplina y no puede ser aceptado por ningún ejército del mundo a riesgo de anarquizarse.

Es evidente que el iniciador y responsable de la situación que tienen hoy (30 años después) los miembros de las FF.AA. y las otras fuerzas subordinadas (hay más de 400 detenidos y muchos más esperando proceso, y ningún terrorista en similar situación) fue el gobierno socialista del Dr. Raúl Alfonsín, que fue incapaz de pacificar el país después de la guerra interna. Él sabía que no se debía judicializar una guerra, ni juzgar con el código penal, en lugar del código mi-litar vigente y leyes de guerra. Mucho menos, hacerlo inequitativamente, perjudicando a una sola de las partes que se enfrentaron: las fuerzas legales que defendieron las instituciones del Estado Nacional.

La Ley de Defensa promulgada por Alfonsín, al no considerar las nuevas amenazas (narcotráfico, terrorismo, radicalismo religioso, lavado de dinero y amenazas a los recursos naturales ), pone en peligro nuestra sociedad que puede desintegrarse desde adentro, y deja al Estado inerme ante la toma del poder por medios no lícitos o el ataque a la soberanía y recursos de la Nación por una potencia extranjera. En la década del 90, a partir de la creación del Foro de San Pablo, muchos de su adeptos y simpatizantes en nuestro país, subidos en la ola izquierdista del “progresismo”, se infiltraron en los distintos poderes del Estado, en los medios de comunicación social y ya controlan ciertos resortes de la educación y la cultura, con la intención de modificar los valores que tenía la población, mayormente cristiana y católica, utilizando también “los servicios de la corrupción y el narcotráfico”, verdaderos ganadores del debilitamiento material y moral de la sociedad argentina.

A partir de 2003 se hizo cargo un gobierno integrado en gran parte por ex terroristas con todas las características ideológicas (marxistas) de antaño vigentes, que están avanzando para dar el golpe final por medios jurídicos, judiciales y económicos a las “viejas FF.AA.” con la intención de hacerse del poder por muchos años. Este gobierno tiene como política de Estado apoyar la llamada “Memoria, Verdad y Justicia”, mediante recursos políticos, económicos y financieros, entregados a las ONGs de DD.HH. y otras organizaciones de izquierda, que les sirven como cortinas de humo para sus intereses particulares y acciones de corrupción, beneficiando notablemente a las actividades de narcotráfico y lavado de dinero .

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La estrategia de este gobierno afín con el terrorismo, se ha basado en las siguientes premisas para accionar en desmedro de las FF.AA.: • Defender la teoría de que no hubo guerra, sino “terrorismo de estado” y víctimas. Tratar de instalar por medio de la Corte Suprema la jurisprudencia necesaria para juzgar a todos los integrantes de las FF.AA. y fuerzas subordinadas que intervinieron en la lucha contra el terrorismo, a pesar del tiempo, de haber sido juzgados e incluso indultados por el Poder Ejecutivo Nacional (como crímenes de lesa humanidad no prescriptibles). • Consecuentemente, continuar con la campaña de desprestigio del “viejo ejército” (los que combatieron a los 72 73 subversivos-terroristas) mediante los medios de comunicación social, a la vez que reivindicar históricamente a la agresión terrorista como una gesta heroica.

Se está produciendo una situación de “cooptación”, que es la coacción para pensar en la dirección que impone el gobierno y su sector ideológico afín. • Para éste y otros fines, obtener e incrementar el dominio de la información pública mediante presión política y medidas de índole económica a nivel de empresas de prensa escrita, oral y televisada y periodistas calificados . • Incrementar la presión sobre los elementos de la Justicia en el corto plazo para apresurar los procesos judiciales y cambiar los jueces que “molesten ideológicamente” con distintas excusas . • Utilizar al Poder Legislativo y a los gobiernos de la Capital y de las provincias, así como a sus elementos componentes, en las acciones de reivindicación ya expresadas, con el objeto de ratificar la deformación de la verdad histórica a partir de la desinformación en los sistemas de educación y en la opinión pública. Utilizar la “cultura” como vehículo de la ideología dentro de la sociedad.

• Tomar medidas drásticas, inmediatas y publicitadas ampliamente, con toda persona con actuación en la guerra contra el terrorismo que se encuentre en la administración pública o que, desde un lugar en cualquier relación de dependencia con el Estado, defienda lo ocurrido en esa contienda, como una forma de introducir el temor en la gente y que no se manifieste, imponiendo “el pensamiento único”. • Mostrar poco respeto por las FF.AA. y sus integrantes para demostrar su poder y no perder ocasión en separar “las viejas FF.AA”. de las que abrevaron en la fuente de la democracia a partir de 1983. • Privilegiar la lealtad personal por sobre las jerarquías en el personal en actividad de las “nuevas FF.AA.”, con la idea de ir logrando una subordinación al Poder político que pase más por el gobierno que por la Constitución Nacional.

Teniendo en cuenta que el responsable del planeamiento y coordinación en toda Latinoamérica del ataque jurídico y judicial a los integrantes de las FF.AA. es el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), presidido por el terrorista montonero Horacio Verbitsky (quien recibe apoyo financiero, entre varios otros, de la Fundación Ford de EEUU), en coordinación con la Secretaría de DD.HH. de nuestro país; consecuentemente será necesario conocer sus ideas, declaraciones o escritos, porque ellos marcarán como seguirá esta “guerra revolucionaria por otros medios”. La Argentina, que sufrió uno de los mayores ataques de las organizaciones subversivas terroristas en las décadas pasadas y que tuvo que afrontar desde 1983 las consecuencias de no haber entendido que esta “guerra revolucionaria” -como el camaleón- podía cambiar y utilizar otra modalidad, para obtener los fines políticos deseados, en la actualidad tendría que servir “como modelo” para aquellas FF.AA. que tienen en su patria las “larvas” de la venganza contra los militares, a efectos de evaluar, por similitud, con qué medios, cómo y por dónde vendrá el ataque a su institución. Hace poco, un funcionario que se autotitula “soldado del Presidente Kirchner” expresó públicamente en un acto: “ahora… ¡vamos por todos!”

La ascensión a la presidencia de los Kirchner (2003-2008 Néstor y a partir de esa fecha, su esposa) ha determinado que nuestro país esté fuertemente involucrado con los objetivos del Foro de San Pablo, lo que está confirmado por su alineación ideológica, comercial y financiera con Chávez, actual mayor impulsor de esa organización, y por su relación fluida con Lula, Evo Morales, Correa, el Frente Amplio de Uruguay e incluso, con Fidel Castro. En lo interno apoya de distintas maneras a varios de los asiduos concurrentes a las reuniones del Foro cuyo común denominador es su “antiimperialismo” (léase EEUU).

En nuestro país, la lucha por la verdad continúa y no cejaremos hasta que se imponga. Ya se están verificando las primeras reacciones contra la “historia oficial” y el “pensamiento único”, no sólo entre la población y algunas asociaciones de abogados independientes, sino también en algún tribunal que se ejerce realmente “el Derecho” y no la obsecuencia política ni el temor por las acusaciones del “Consejo de la Magistratura”, manejada políticamente por el actual gobierno, que puede enjuiciar a los jueces por… ¡sus sentencias!

Para cerrar este documento, creemos oportuno y conveniente transcribir las palabras de un juez subrogante de Santa Fe que pidió ser separado de un caso por razones de “violencia moral”. Al respecto el diario La Nación del jueves 30 de abril de este año, en su página 11 dice textualmente: Se trata de Martín Gutiérrez, un abogado que integraba el Tribunal Oral Federal de Santa Fe como subrogante.

Intervenía en el caso Aebi, uno de los principales casos por crímenes de la represión en la provincia. En su excusación alegó que se sentía coaccionado por las declaraciones amenazantes de varios funcionarios, entre ellos la presidenta Cristina Kirchner. Ellos señalaron -dijo Gutiérrezque quienes tienen la responsabilidad de entender, como el suscripto, en los procesos en los que se investigan delitos de lesa humanidad, cuando emiten fallos que resultan contrarios a las pretensiones perseguidas por el Estado Nacional, comparten la ideología represiva, favorecen a los represores del genocidio y deben ser sometidos a jury de enjuiciamiento.

Gutiérrez cuestionó puntualmente, que la Presidenta hubiera pedido la remoción de los jueces de (la cámara) Casación que liberaron a represores que llevaban años presos sin condena. Dijo además, que no quería exponerse a ser acusado de pro genocida si fallaba a favor de algún acusado.

Líder del ala izquierda del partido Unión Cívica Radical quien, en 1972 se había desempeñado como defensor de Mario Roberto Santucho, máximo dirigente del “Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP”, brazo ar- 76 77 mado del “Partido Revolucionario de los Trabajadores-PRT”, que había asesinado al presidente de FIAT Argentina Dr. Oberdam Sallustro. En su alegato, Alfonsín expresó: “los subversivos no son delincuentes, sino combatientes, integrantes de un ejército revolucionario del pueblo alzado en armas en rebelión abierta, en operaciones”, palabras significativas que luego serían contradichas por decretos del mismo Alfonsín al asumir la presidencia de la Nación.

Que en su página 460 dice: … “Recuerdo que en el 84 Jaime Lusinchi había ganado las elecciones en Venezuela y a su asunción viajaron funcionarios nicaragüenses. El canciller de Nicaragua era entonces Miguel D´Escoto y el vicecanciller Víctor Tinoco y ahí en Caracas, en una reunión con gente de la cancillería argentina, se interesaron por el decreto en contra nuestro y, en particular, por mi caso.

La respuesta obtenida de los funcionarios argentinos fue que el gobierno no pretendía perseguirnos, sino que con ese decreto lo que en realidad buscaban era justificar el juicio a las Juntas, dando la idea de que se perseguía a todos por igual”. 3 El “Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949” (Conflictos armados sin carácter internacional) en su Título II, Artículo 6, expresa: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan formado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de su libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”.

Militante del PRT-ERP, hoy subsecretario de DD.HH., y quien hace pocos meses, como delegado internacional, distorsionara la realidad en el informe efectuado por los hechos acaecidos en el Departamento de Pando, en Bolivia.

Las enseñanzas expresadas a continuación fueron extraídas del “Informe Rattenbach – Malvinas” – Capítulo XIV -“Aspectos institucionales” – “Las lecciones del conflicto”. 6 “Horacio Verbitsky, un intelectual, un periodista que lanza por la prensa buchonerías seleccionadas que amedrentan desde jueces a periodistas. Un personaje no electo -ni en listas sábanas- pero de enorme poder desde las sombras en esta gestión Kirchner y que goza hoy de la impunidad jurídica que dice combatir. Verbitsky pone y saca miembros de la Corte Suprema de Justicia; sienta a su lado en comidas y es recibido en su despacho por el presidente del más alto tribunal del país, Enrique Petracchi.

Se ha cebado al extremo, en estos días, de sacar en horas de su cargo a jueces, suspenderlos y hacerles juicio político porque también domina el Consejo de la Magistratura, que preside precisamente Petracchi. Ha implantado en la Argentina la vergüenza jurídica de que los magistrados ahora pueden ser juzgados y echados por sus fallos.

Todo maquinado por este personaje que en su pasado apretó detonadores de explosivos que a distancia mataron civiles inocentes para satisfacer la «prueba de sangre» (de sangre derramada) que el grupo terrorista Montoneros exigía a sus miembros como resguardo de lealtad. Titiritea la Justicia sin cargo público; frecuenta los más altos despachos del gobierno; maneja los expedientes para ascensos o descabezamientos de militares; tiene colocados hombres que le responden desde la Cancillería hasta el comando general de las Fuerzas Armadas, al extremo de que en el propio gobierno dicen que «Verbitsky tiene una SIDE paralela » por la cantidad de información que recibe de sus infiltrados en organismos públicos.” Julio Ramos , diario Ámbito Financiero, 19 Ago. 2005. Militante católico y Rector de la Universidad de Luján. Ver libro “Verbitsky. De la Habana a la Fundación Ford”, de Carlos Manuel Acuña Ed. Del Pórtico.

IZQUIERDA….. NO PASARAN
REPITO… NO PASARAN.

3 pensamientos en “FORO DE SAN PABLO / ARGENTINA

  1. Y EN EL PERÚ QUE TUVIMOS EL TERRORISMO MAS SANGUINARIO DE AMERICA LATINA Y QUIZAS DEL MUNDO, EL DE SENDERO LUMINOSO Y EL DE MOVIMIENTO TUPAC AMARU DE IDEOLOGIA COMUNISTA Y QUE ASESINABAN, RAPTABAN, TORTURABAN Y MUTILABAN A CAMPESINOS, MAESTROS, POLICIAS, SOLDADOS, CURAS, PROFESORES, ESTUDIANTES, AUTORIDADES, Y POLITICOS, SE PRETENDE PREMIARLOS PRIMERO ACEPTANDO A SUS BRAZOS POLITICOS QUE DICEN QUERER PARTICIPAR EN ESTA PSEUDODEMOCRACIA QUE TENEMEMOS Y SEGUNDO ESCUCHANDO A SUS SEGUIDORES QUE PIDEN AMNISTIA, EN COMPLICIDAD CON GOBIERNOS ROJOS O HIPOCRITAMENTE ROSADOS COMO EL DEL LUSTRABOTAS TOLEDO QUIEN DEJO SALIR DE LA CARCEL A MUCHISIMOS TERRORISTAS O COMO EL DEL SOCIALISTOIDE DEL ALAN GARCIA QUE HIZO DE LA VISTA GORDA FRENTE AL INCREMENTO DEL NARCOTERRORISMO Y LA VIOLENCIA QUE ASOLA AL PERÚ Y FINALMENTE HAN ENCARCELADO EN COMPLICIDAD CON JUECES CORRUPTOS A FUJIMORI QUIEN ENFRENTÓ AL TERRORISMO COMUNISTA, DERROTANDOLO, ACUSANDOLO SIN PRUEBAS POR “CRIMENES DE LESSA HUMANIDAD” INCREIBLE PERO CIERTO. SIN EMBARGO A LOS SEGUIDORES Y PROTECTORES DEL NARCOTERRORISMO NADA NI NADIE LES IMPIDE SER CONGRESISTAS, MINISTROS, AUTORIDADES Y LO MAS GRAVE, MAESTROS DE NIÑOS Y JOVENES DEL PAIS. ES EL MUNDO AL REVES…. MUY SUTILMENTE MANEJADO POR ESTA MAREA ROJA DEL COMUNISMO QUE QUIERE ASENTARSE EN AMERICA LATINA Y CUBANIZARLA O VOLVERLA UNA COREA DEL NORTE….. CON IDEAS Y CONCEPTOS RETROGRADOS Y OBSOLETOS

  2. SOY EL UNICO NACIONALISTA QUE PONE EL PECHO A LAS BALAS , ARGENTINO PATRIOTA QUE ODIA AL CASTRISTA MARADONA . DROGADICTO Y TIRA BALINES DE 5.5

    DIEGO GOMEZ
    DNI 18169393
    POLICIA AERONAUTICA NACIONAL
    G1C PALOMAR 1986/87

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